Detenidas 52 personas que defraudaron más de 750000 € a la Seguridad Social

Según informa la Dirección General de la Policía Nacional, las dos bandas cobraban entre 900 y 5.000 euros a inmigrantes en situación irregular por formalizar un contrato de trabajo que les permitiera obtener el permiso de residencia, y ofrecían altas en la Seguridad Social a desempleados interesados en percibir subsidios por desempleo.

De las 52 personas detenidas, 39 están relacionadas con empresas sin actividad con sede en Tarragona y otras 13 están vinculadas a sociedades asentadas en Madrid.

La primera actuación policial, desarrollada en Tarragona, se inició a partir de la recepción de un escrito procedente de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Tarragona en el que se informaba de que una empresa estaba simulando contrataciones laborales.

Los trabajadores figuraban en la plantilla de personal pero los empresarios no pagaban las cuotas por tenerlos dados de alta en el régimen de la Seguridad Social.

De esta forma, habían defraudado 198.000 euros a la Administración, mientras que los supuestos trabajadores habrían obtenido más de 160.000 euros en concepto de prestaciones y subsidios por desempleo.

Los agentes averiguaron que los responsables de la red captaban a sus clientes, bien personalmente o valiéndose de supuestos trabajadores de la empresa, y les ofrecían un contrato de trabajo que permitiera regularizar su situación en España.

Los interesados, en su mayoría de nacionalidad marroquí, obtenían previo pago de 3.000 euros un contrato de trabajo y recibían asesoramiento sobre los trámites a seguir para obtener la tarjeta de residencia y así legalizar su situación en el país.

Una segunda vía de defraudación consistía en ofrecer la posibilidad de acceder al cobro de prestaciones y subsidios por desempleo, para lo cual los "empresarios"solicitaban una cuota de 400 euros por cada mes que los trabajadores permanecían dados de alta en el sistema de la Seguridad Social.

Tras dar de baja a los supuestos trabajadores, les facilitaban toda la documentación necesaria -contrato de trabajo, nóminas y certificados de empresa- para que pudieran cobrar la prestación por desempleo, por lo que recibían hasta 900 euros al mes, lo que suponía un beneficio de unos 500 euros.

En una fase inicial de la investigación, los agentes de la Brigada de Extranjería de Reus (Tarragona) detuvieron a los tres administradores de la empresa, así como a otro individuo encargado de reclutar gente dispuesta a comprar los contratos.

Posteriormente fueron arrestados cuatro supuestos trabajadores de una de las mercantiles investigadas, los cuales tenían su domicilio en este municipio tarraconense.

La operación culminó con la detención de otras 31 personas -en Tarragona, Girona, Guadalajara, Palma de Mallorca, Melilla, Bilbao y Elche (Alicante)- como presuntos responsables de los delitos de falsedad documental y estafa.

La segunda investigación, desarrollada en Madrid, se inició a raíz de una denuncia interpuesta en la Brigada Central contra las Redes de Inmigración (BCRI) en la que se informaba de la existencia de una red dedicada a la compraventa de contratos de trabajo a ciudadanos de nacionalidad marroquí, colombiana, española y boliviana, y culminó con la detención de 13 personas.

La primera operación ha sido llevada a cabo por la Brigada Central contra las Redes de Inmigración -GOE III- de la UCRIF Central, en colaboración con diferentes unidades de Tarragona, Melilla, Girona, Bilbao, Guadalajara, Palma de Mallorca y Elche (Alicante).