«Consistorio y Junta avalaron mantener la plantilla pese al ERE»

SEVILLA- Aquí, si no se fraguó el escándalo, se evidenció. Cuando el comité de empresa de Mercasevilla denunció la existencia de dos intrusos (el ex militante socialista Guerrero Santoyo y Carmen Fontela)–no reconoce como irregularidad el tercero aparecido– en un expediente de regulación de empleo, ignoraba que estaba dando el primer paso en la clarificación de un escándalo que puede ser la gota que colme el vaso de 30 años de Gobierno socialista en Andalucía.
Seguramente, los dirigentes de la Junta «se habrán arrepentido de no alcanzar un acuerdo» para el pago del ERE de 2007, del cual se desentiende la Consejería de Empleo, a pesar de que hay «hasta tres documentos firmados». El comité «ha denunciado a Mercasevilla, a la Junta, al Ayuntamiento, a Mercasa, Vitalia y al Banco Vitalicia, actual Generali», indicó Rafael Domínguez, la cabeza visible de los trabajadores del mercado central sevillano.
«La Junta responsabiliza a Javier Guerrero (el ex director general de Empleo). Alega que el ERE fue firmado antes de su salida. Dice que no se siguió el procedimiento interno, pero se hizo igual que en todos los expedientes», denunció Domínguez. «Según la Junta, el ERE de 2007 no siguió el protocolo, con el ex director de Empleo». Pero es que «no había protocolo porque es una continuidad del ERE de 2003». «Si Guerrero iba por su cuenta, por qué no se denunció antes», cuestionó.
Según Domínguez, el comité «fue beligerante con Mellet», el ex gerente imputado. «En 2004, hubo una bronca fuerte por la petición de una rebaja de las tarifas de los mayoristas del pescado». Se había acordado «equilibrar las cuentas y rejuvenecer la plantilla», «moderación salarial». Pero, «con la rebaja de los mayoristas, se perdían 88 millones de pesetas». Se convocaron huelgas. Era la Navidad de 2004, tras «una reunión con el Sercla, se acuerda mantener una plantilla mínima de 189 personas y recuperar parte del sueldo». Negociaron «el alcalde, la Junta y los sindicatos», que «avalaron mantener la plantilla, aunque había un ERE» «Ahí están los documentos». Después vino el expediente de 2007 «con el objetivo de rejuvenecer la plantilla y con vistas al traslado del mercado». «La empresa amortizaba 15 puestos», indicó Domínguez. En ese compromiso del Ayuntamiento y la Junta se basa «que tras el primer ERE se mantenga o aumente la plantilla», algo que investiga la juez. Para Domínguez, «prejubilarse con 50 años es una barbaridad». «La empresa y la Junta lo aceptan», en base a informes sobre el envejecimiento en los trabajos nocturnos. Sobre Juan Lanzas, niega su mediación en los ERE del Merca. «Echaba una mano a la empresa con las subvenciones. El comité y los sindicatos tienen capacidad para negociar solos».
Domínguez está denunciado por insinuar que tras la trama hay una red de financiación ilegal del PSOE, algo que apoyan los trabajadores del Mercado tras la querella socialista. «Que decida la juez, sólo expresé una opinión como ciudadano», indicó.