Ahora todo fue «legal»

Velázquez salió al paso de las críticas a la Policía –efectuadas por el propio juez de Orihuela, quien sostuvo que él no ordenó los arrestos, sino que lo hizo la Policía por cuenta y riesgo – al afirmar que los agentes actuaron «en el marco de la legalidad establecida en el Estado de Derecho de España». Asimismo, aseguró la eficacia de los agentes «incluso en detenciones a personas de relevancia pública» y abogó por hacer uso en este asunto del «sentido común y las leyes». «La Policía realiza investigaciones y descubre presuntos delincuentes. Se efectúan declaraciones en la sede policial, se ponen a disposición del juez, y en los casos en que haya que efectuar registros son siempre con autorización judicial. Eso es exactamente lo que ha hecho la Policía», explicó. No obstante, y según aseguró el juez de Orihuela, los agentes ni siquiera le comunicaron las detenciones.Por su parte, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, afirmó que todas las actuaciones han contado con las autorizaciones judiciales pertinentes. Tras insistir en que «estamos ante un proceso judicializado» que se inició mucho antes, Caamaño subrayó que existe un auto de entrada y registro, que todas las actuaciones han contado con las autorizaciones judiciales correspondientes para llevarlas a cabo y que la Fiscalía ha actuado dentro de lo que determina la ley en todas sus decisiones.