Málaga

Sin rastro y olvidados

La base de datos única de desaparecidos que prometió el Gobierno lleva año y medio de retraso

los edificios de la localidad grancanaria de Vecindario están repletos de carteles con la cara de Yéremi
los edificios de la localidad grancanaria de Vecindario están repletos de carteles con la cara de Yéremilarazon

MADRID- Cuatro años después de su desaparición, los padres de Yeremi Vargas luchan porque su hijo no engrose una estadística incapaz de medir su dolor e impotencia. El pequeño, que entonces tenía 7 años, desapareció sin dejar rastro mientras jugaba con sus primos en un solar de Vecindario (Gran Canaria). Un caso trágico que, sin embargo, no es aislado. Con todo, al no existir datos oficiales, resulta difícil saber con certeza cuántas familias sufren este drama en nuestro país. Inter-SOS, asociación que agrupa a familiares de desaparecidos, cifra en torno a 14.000 las personas desaparecidas en España. Mientras, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «rechazan» esa cifra y aseguran que la cantidad es menor.

Eso sí, en 2007, tras una reunión mantenida en Arrigorriaga (Vizcaya) por Policía, Guardia Civil y familiares de los afectados, se estimó que había en torno a 12.000 denuncias: 8.936 investigadas por la Policía Nacional y 3.000 por la Guardia Civil. Con todo, estimaban que sólo un 0,1 por ciento se trataba de casos «de alto riesgo», como el de Yeremi. En todo caso, la mayoría de desapariciones, aseguran, se resuelven en un plazo de 72 horas. En lo que respecta a los menores, la Fundación Anar cifra en 20.000 las denuncias al año, aunque más del 99 por ciento se resuelven en poco tiempo.

Juan Bergua fundó Inter-SOS hace ahora 13 años, después de que su hija Cristina, de 16, desapareciera. Considera que se han producido avances. El Ministerio del Interior anunció en junio de 2009 la creación de una única base de datos de denuncias por desaparición, gracias a la cual diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se «cruzan» la información. El proyecto lleva «año y pico de retraso», afirma Bergua y, como confirmó el Ministerio del Interior a LA RAZÓN, se pondrá en marcha en el último trimestre del año. «Cuando eso ocurra, viviremos muchísimo mejor», asegura Bergua.

Los familiares están esperanzados. Sin embargo, se muestran reacios ante la actuación de la Justicia. «En cuanto la Policía deja de investigar, los juzgados archivan el caso, a no ser que se produzcan nuevas pistas. Nos gustaría que no fuera así. Queremos saber lo que ha pasado. Queremos que se busque hasta las últimas consecuencias», sostiene Bergua. ¿Y cuántas de esas 14.000 denuncias están a día de hoy archivadas? «Prácticamente la mayoría», asegura.


Limitación judicial
Cuando la investigación no avanza aparece la opción del investigador privado. Sin embargo, como explica Elisenda Villena Barjau, vicepresidenta de la Asociación Profesional de Detectives, hay muchas limitaciones al respecto. La más importante es la judicial. Cuando un caso no se ha cerrado, especialmente si afecta a menores, el juez puede prohibir el trabajo de los detectives para no interferir en el caso. Si el desaparecido es mayor de edad, la cosa cambia. En estas situaciones, se hace un estudio previo y, en función de las pruebas, se decide si se sigue adelante. Cada línea de investigación tiene un precio y siempre es la familia la que elige la opción que quieren que se investigue».

Se calcula que en nuestro país podría haber cerca de 4.000 cadáveres sin identificar y que, en algunos casos, podrían tratarse de estas personas. «Ahora, la Guardia Civil y la Policía trabajan de forma conjunta y hay una única base de datos de ADN», afirma el doctor José Antonio Lorente, director científico del Programa Fénix. A los familiares de los desaparecidos se les toma una muestra genética y, posteriormente, se introduce en la base de datos para contrastarla con los cuerpos. «Se les comunican los conclusiones en caso de que haya una identificación positiva, un proceso que tarda un mes», dice Lorente. En cuanto a la diferencia de cifras en el número de desaparecidos, el doctor cree que «en ocasiones, aquellos que presentan una denuncia no la retiran cuando han encontrado a su familiar».


Desaparecidos sin motivo aparente
25-06-1986
Juan Pablo Martínez
Más conocido como «el niño de Somosierra». Desapareció en la sierra madrileña tras un accidente de tráfico. Sólo encontraron el cuerpo de sus padres.
06-04-1987
David Guerrero
Fue visto por última vez en Málaga, cuando se dirigía a una exposición de pintura. Por su afición por el dibujo, sus vecinos le llamaban «el niño pintor».
30-07-2006
Sara Morales
La Policía canaria sigue buscando a la joven que hoy tendría 18 años. En marzo de 2010 se descubrieron unos huesos que podrían ser de ella, pero no fue así.
18-08-2010
Sonia Iglesias
La joven de Pontevedra hizo un recado, se montó en el coche y no llegó a su puesto de trabajo. La familia asegura que jamás abandonaría a su hijo.


La crisis acelera los certificados de muerte
- En Inter-SOS recuerdan que los familiares de una persona desaparecida de hasta 75 años de edad, pueden solicitar su certificado de defunción a los 10 años del suceso. Mientras, de 75 en adelante, el plazo se reduce en 5 años. «Las familias no suelen hacerlo. Mi hija desapareció hace 14 años y no lo he solicitado», recuerda Juan Bergua. Sin embargo, sí que se están dando casos – «es una de las influencias de la crisis», dice–, en la que los familiares lo solicitan para hacerse cargo de bienes que pertenecían a la persona desaparecida: «El dinero del banco, un negocio, una casa que tenían en común...», añade. De hecho, Bergua apunta el caso de una mujer con problemas económicos, que lo ha solicitado para poder cobrar la pensión de viudedad. Aún le quedan cuatro años.