Los funcionarios trabajarán más horas y serán evaluados

MADRID- Además de los cambios en la fiscalidad, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, avanzó ayer que el Gobierno estudia la posibilidad de ampliar la jornada laboral a los funcionarios para aproximar su régimen laboral al del sector privado, flexibilidad que ya adelantó LA RAZÓN. Según dijo en el curso de verano de la Universidad Complutense «Emprendedores autónomos: creadores de empleo», al país no le conviene la imagen de que con aprobar una oposición ya se «tiene todo hecho», ya que el examen debe ser la forma de acceder a un puesto de trabajo «en el que hay que cumplir todos los días». «Lo que haremos será asimilar el régimen laboral de la función pública al régimen existente en el sector privado», subrayó, añadiendo que «ése es el camino hacia donde vamos y lo que estamos considerando hacer». En este sentido, subrayó que los funcionarios «estamos en la exigencia máxima porque nuestros sueldos están pagados con impuestos». Montoro remarcó además que, «como ministro, es «el director de orquesta» que tiene que hacer cumplir a las administraciones». Montoro no precisó en cambio si el Ejecutivo eliminará finalmente los «moscosos» –los días para asuntos propios de los que disponen los funcionarios–, e insistió en que su idea es avanzar en el número de horas por semana que trabajan. Por otro lado, ha admitido que el Gobierno también está considerando la posibilidad de que los funcionarios sean sometidos a evaluaciones permanentes «con más peso» para ver cuáles son productivos y para que la función pública vaya adquiriendo eficiencia en la prestación de servicios. Como informó este periódico, el Gobierno está estudiando, además, nuevas medidas de ahorro que atañen a la función pública. Una de ellas consistiría en la supresión de una de las dos pagas extra que actualmente cobran. Otra se centra en la más que probable congelación de los salarios para el próximo año.

Báñez anuncia incentivos para prolongar la vida laboral
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, se mostró ayer contraria a que en España se utilice la jubilación anticipada como «una forma de regulación de empleo», y abogó por la introducción de «incentivos sociales, laborales y fiscales» que fomenten que aquellas personas mayores que lo deseen, «voluntariamente», puedan seguir en el mercado laboral más allá de la edad de jubilación. Báñez defendió además la posibilidad de que haya una «coexistencia» entre salario y pensión que «flexibilice» la transición a la jubilación y un contrato indefinido a tiempo parcial que facilite compaginar trabajo y ocio. «El esfuerzo tiene que ser premiado», dijo.