Tabaco y caza de brujas

Sería deseable que la nueva Ley Antitabaco, vigente desde ayer, no fuese una coartada para aventar comportamientos radicales e integristas entre los que están en contra de esta adicción, puesto que se correría el riesgo de que la delación se convirtiese en una nefasta práctica en nuestra sociedad. Ya existen indicios de que esto puede ocurrir. FACUA-Consumidores en Acción se ha apresurado a habilitar en su página web un apartado en el que los usuarios que detecten vulneraciones de la norma en establecimientos, recintos u organismos públicos sólo tienen que rellenar un formulario con sus datos y la irregularidad para trasladárselo a la autoridad competente. Más agresiva es la campaña del Partido de los No-Fumadores, que continúa habilitando un servicio gratuito de denuncias anónimas para los locales que no cumplan la ley que será presentada en la Administración. Y nofumadores.org también facilita un modelo de denuncia. No hay nada estrictamente ilícito en estas iniciativas, pero también es cierto que pueden convertirse en un coladero para individuos que, con una conducta irresponsable, presenten impunemente falsas denuncias. Aunque sin duda lo más grave desde el punto de vista de la higiene democrática es que nuestro país se pueda convertir en un Estado policial, tentación en la que no se debe caer bajo ningún concepto. No es cuestión de ser laxos con la aplicación de la Ley, pero en estos primeros días conviene ser un poco tolerantes con las posibles irregularidades.

La prohibición de fumar en todos los locales cerrados que vayan a ser compartidos va a exigir al sector de la hostelería un esfuerzo personal y económico que no es desdeñable para «vigilar» que los clientes no fumen en sus establecimientos. Ante estos hechos es lógico que los hosteleros, en estos primeros días, miren la nueva ley con no pocas prevenciones. Han empezado a echar cuentas y éstas no pueden ser más negativas. Según los datos que manejan, la nueva ley puede hacerles perder hasta 140.000 empleos y estiman que tendrán, al menos, un 10% de pérdidas, ya que tampoco prosperó la enmienda del PP sobre la posibilidad de crear habitáculos para fumadores sin servicios de camareros. El Gobierno ni siquiera les ha compensado con beneficios fiscales, como proponía CiU y respaldaba el PP.

Con esta ley, España se sitúa a la cabeza de los países más prohibicionistas. Es evidente que una de las responsabilidades del Ministerio de Sanidad es que los ciudadanos dejen de fumar, pero se ha comprobado sistemáticamente que la prohibición no es siempre el método más eficaz. Esta ley sólo tiene sentido si se complementan las restricciones con una política sanitaria que ayude a los fumadores a dejar su adicción. Sería una medida acertada que el coste de los parches y medicamentos para dejar de fumar –con un precio abusivo– no corriera exclusivamente por cuenta del fumador. Es de esperar que en España no suceda como en Holanda, cuyo Gobierno, una vez aprobada la Ley Antitabaco muy perjudicial para el sector hotelero, tuvo que suavizarla. Si eso ocurriese, demostraría que el Ejecutivo tendría que haber sido más dialogante y haber buscado un consenso social y político más amplio.