La ideología vence a la ética médica

El presidente de la organización, Juan José Rodríguez Sendín, explicó ayer en rueda de prensa las principales novedades del código, y que suponen un drástico giro con respecto al anterior texto, vigente desde 1999. Así, y a pesar de los cambios introducidos en el borrador a última hora, el código definitivo ahonda en la polémica existente dentro del colectivo de los profesionales sanitarios, plasmando en cierta medida la ideología contenida en algunas leyes aprobadas por el Gobierno en esta Legislatura, y que tocan temas tan delicados como el aborto o el tratamiento del paciente al final de la vida.

Sedación en la agonía
En este sentido, el texto difundido ayer consagra definitivamente como «éticamente correcta» la sedación en la agonía en determinados casos, y siempre que «se disponga del consentimiento del paciente implícito, explícito o delegado». El hecho de que en el artículo 36 se obligue al médico a aplicar aquellas medidas adecuadas para conseguir el bienestar del paciente terminal, aunque de ello «pudiera derivarse un acortamiento de la vida», es visto por muchos facultativos y miembros de organizaciones pro vida como la apertura de una puerta trasera a la eutanasia, en línea con la ideología plasmada en la legislación promovida por el Ministerio de Sanidad en la llamada ley de muerte digna. Para Sendín, la sedación es «una práctica médica como cualquier otra», llegando incluso a compararla con una operación de apendicitis.
Resulta especialmente contradictorio que, mientras en el artículo 55.1 se afirma que «el médico está al servicio de preservar la vida a él confiada, en cualquiera de sus estadios» –desde la concepción hasta la muerte, según se detalla en el artículo 51.1–, no se permita al médico tratar de evitar un aborto en aras de salvar una vida, además de aceptar éticamente un posible acortamiento de la vida derivado de la sedación. A pesar de que se trata del primer código deontológico en el que se recoge la objeción de conciencia, este ha sido uno de los puntos más controvertidos y que más ampollas han levantado entre aquellos médicos contrarios a las prácticas abortivas.
En el texto referente a la interrupción voluntaria del embarazo, se indica que «el médico que legítimamente opte por la objeción de conciencia a la que tiene derecho, no queda eximido de informar a la mujer sobre los derechos que el Estado le otorga en esta materia». Esteban Rodríguez, presidente del comité deontológico de Ginecólogos por el Derecho a Vivir, se queja de que si bien un médico no puede hacer nada para «tratar de salvar a un niño del aborto, sí que está obligado a proporcionar información» para facilitar dicho aborto. «Nos obligan a cooperar en actos intermedios del aborto dando información. Se nos quiere convertir en engranajes de una maquinaria destinada a destruir la vida humana», lamenta el ginecólogo.
En urgencias, sin objeción
El presidente de la Comisión Central de Deontología Médica, el doctor Marcos Gómez, puntualizó durante el acto de presentación del nuevo código que, «en caso de urgencia, no hay lugar a la objeción de conciencia», limitando así un derecho reconocido e irrenunciable de los profesionales sanitarios. Esto, unido a la obligación de informar sobre el aborto a pesar de ser objetor, supone mermar considerablemente el ejercicio de la objeción de conciencia.
No obstante, la polémica de la que se ha visto rodeado este código no acaba en su contenido. También su elaboración ha estado salpicada por el desconcierto y el secretismo con el que, según algunas organizaciones como Andoc –la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho de Objeción de Conciencia–, se ha llevado a cabo el texto. La ausencia de publicidad y el hecho de que no se haya contado con la participación de los 225.000 facultativos colegiados que hay en España han causado suspicacias en el colectivo. Afirman que la tramitación se ha hecho «con prisas», evitando comunicar a los colegiados la intención de cambiar el código. Algunas voces del sector sanitario sugieren que se trata de una concesión de la OMC al Gobierno para tratar de evitar que la futura Ley de Servicios Profesionales que se estaba preparando –curiosamente olvidada en un cajón por el Ejecutivo en este tramo final de la Legislatura– acabe con la colegiación obligatoria para determinados profesionales, entre ellos los sanitarios. De llegar a suprimirse, sería un duro varapalo para los colegios profesionales –incluidos los de médicos–, pues es a través de la colegiación de donde obtienen la mayor parte de sus ingresos.