Industria aparca las ayudas al turismo

MADRID/barcelona- «No es el momento». Así de tajante se mostró ayer el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en relación a los incentivos fiscales que barajó Mariano Rajoy en el debate de investidura para el sector turístico, «el único con un comportamiento dinámico» en 2011. Aunque Soria admitió que estos incentivos al turismo –un IVA reducido y una menor presión fiscal– serían positivos, justificó el cambio de criterio por el desajuste en el déficit público que se encontró el Ejecutivo. El control de este «agujero» no es una «obsesión» en sí misma para el Gobierno sino «la condición necesaria para sentar las bases de la recuperación», por lo que Industria ha decidido supeditar estos incentivos al control presupuestario.
Y esto a pesar de que el turismo sigue creciendo –un 8,1% en 2011, hasta los 56,9 millones de visitantes– como «principal industria exportadora» pues a octubre pasado la balanza de pagos del sector había crecido un 14,2%. Un superávit que sirve para compensar el 82% del saldo negativo de la balanza de pagos española y convierte al turismo en una de las «escasas fortalezas» de la economía. Por eso, Soria anunció que su Ministerio diseñará un Plan Integral que sirva para homogeneizar los distintos marcos normativos de las comunidades autónomas que –a su juicio– impiden cumplir el 100% de las leyes y «paralizan proyectos» que crearían empleo.
Como ejemplo de estas distorsiones que «perjudican» la marca España, citó la tasa turística que pretende imponer la Generalitat, un gravamen que «no servirá para la recuperación económica» del país, como tampoco lo harán las ayudas a las compañías aéreas de bajo coste como las que Cataluña ofrece a Ryanair para mantener la ruta a Gerona y que son «pan para hoy y hambre para mañana».
El ministro avanzó también que el Gobierno estudia la posible entrada de capital privado en la red de Paradores, aunque es una decisión que no está tomada.
En respuesta a las críticas, el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, defendió que el gravamen es «necesario», aunque no cuenta con la mayoría suficiente para aprobarlo. La intención de la Generalitat es cobrar de 1 a 3 euros, en función de la categoría del establecimiento, por dormir en Cataluña, aunque ayer Homs dejó la puerta abierta a que haya excepciones.