La Junta se adapta para garantizar la mejor asistencia a los dependientes

VALLADOLID – Pacto de la Junta con el sector de la Dependencia para salvaguardar la atención profesional y el empleo en los Servicios Sociales. Así se recalcaba durante la firma de un convenio entre la Consejería de Familia y las organizaciones Cermi, Acalerte y Cermi. Entre las principales novedades se encuentra la de aumentar en un 20 por ciento las cuantías máximas para acceder a un servicio y reducir de manera progresiva aquellas que afecten a los cuidados en el entorno familiar para potenciar los servicios profesionales. Una actividad que podría generar entre 11.000 y 17.000 empleos en la Comunidad, como indicaba la consejera de Familia, Milagros Marcos.

En estos momentos, de las 61.991 personas que están recibiendo algún tipo de prestación en Castilla y León, un 32 por ciento, es decir, 25.000 reciben pagos en el entorno familiar. Por ello, uno de los principales objetivos es el de hacer «menos atractivos» estos cuidados para transformarlos en profesionales. Por ello se ha iniciado una reducción progresiva de las cuantías sobre provisión de estatal, que será del 15 por ciento este año, y un descenso del diez por ciento los dos siguientes años. Además, se incrementarán dos nuevos servicios para todos los grados, como son los de asistente personal y la promoción de la autonomía personal
Unas modificaciones a las que hay que hacer frente por el déficit de 457 millones de euros que tuvo que asumir la Junta, a los que hay que sumar los 26,2 millones menos presupuestados para este año, pero que permitirán, según Marcos «garantizar la atención a todas las personas dependientes, incrementar la financiación a las rentas más bajas» y, en definitiva, «garantizar la viabilidad del sistema y su red de servicios».

Y para garantizar la equidad en el acceso a servicios profesionales y favorecer su elección, se va a asimilar el copago en los servicios públicos y privados, además de incrementar la financiación máxima que da la administración regional para acceder a los servicios a las personas con menos capacidad económica, estableciéndose un límite al coste de los servicios, cuya cuantía máxima estará en un rango que oscilará entre los 1.100 y los 1.500 euros.
Con este sistema se pretende que ninguna persona quede desatendida, al establecerse un precio máximo de referencia para cada uno de los servicios.

Milagros Marcos manifestaba que se va a facilitar el acceso a estos servicios en todo el territorio castellano y leonés, fomentando el desarrollo de los centros multiservicios. Así, se podrán proporcionar diversas prestaciones como teleasistencia, promoción de la autonomía personal, ayuda a domicilio, catering, lavandería, comedor, centro de día, asistente personal y atención residencial.

Si se diera el caso de que algunas personas dependientes deseen continuar con los cuidados dentro del entorno familiar, la Junta a través de los Servicios Sociales facilitará a sus cuidadores las opciones para desarrollar clases de formación, apoyo y oportunidades reales y asequibles de descanso. Todas estas medidas aparecerán recogidas en el Boletín Oficial de Castilla y León del próximo 31 de julio, y entrarán en vigor al día siguiente, 1 de agosto.

Cermi, Acalerte y Lares aplauden la apuesta por profesionalizar los servicios
Representantes de asociaciones vinculadas a personas con discapacidad como Cermi, Acalerte y Lares han aplaudido las acciones que pondrá en marcha la Junta a partir de la próxima semana, ya que apostarán de manera decidida por profesionalizar el sector. Francisco Sardón, de Cermi, destacaba que estamos ante «un buen sistema con un amplio desarrollo». «Esta ley garantiza servicios profesionalizados» y que los «dependientes van a estar mejor atendidos con unos buenos servicios de calidad». Para Sardón, resultarán clave dos propuestas; por un lado el impulso del asistente personal y por otro que las personas puedan tener una mayor autonomía. Ángel Guerra, vicepresidente de Acalerte, señalaba que el texto recoge una reivindicación histórica como es la de ofertar una actividad más profesionalizada, y que no por ello implica más plazas residenciales, ya que el apoyo se puede realizar dentro del entorno familiar. Por su parte, la presidente de Lares, sor Ana Esther Miguel Yagüez, señalaba que la Ley de Dependencia supone una «salvación para el sector» y que se da un paso adelante con las nuevas pautas.