La Junta niega destrucción de pruebas

Sevilla- La supuesta destrucción y manipulación de documentos relacionados con los ERE es una de las acusaciones más graves que se le han hecho a la Junta durante este proceso. El Gobierno andaluz volvió ayer a negar que este hecho se haya producido y cargó de nuevo contra el PP andaluz por «difamar a diestro y siniestro». Tras la habitual reunión del Consejo de Gobierno, la consejera de Presidencia y portavoz del Ejecutivo andaluz, Mar Moreno, señaló que están «alarmados por la falta de límites que tiene el Partido Popular para mentir».
La Junta ya ha anunciado acciones judiciales contra el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, al «cargar de manera totalmente injustificada» contra el presidente andaluz, José Antonio Griñán, con unas acusaciones «graves y absolutamente peregrinas» –el dirigente popular señaló que dio órdenes para eliminar papeles comprometedores–.
La primera denuncia sobre destrucción de expedientes no la hicieron los populares. Fue el ex director general de trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, el que en su declaración policial del 14 de febrero apuntó que «tiene conocimiento (por funcionarios a los que no quiere identificar) de que se han destruido documentos a partir de que surge el escándalo de los ERE fraudulentos en Mercasevilla». El PP sí ofreció datos concretos y preguntó si el consejero de Empleo, Manuel Recio, y su viceconsejero, Justo Mañas,
participaron el 21 de noviembre de 2010 en una reunión en la Consejería en la que se revisaron los expedientes. La portavoz de la Junta señaló que no va a confirmar ni desmentir nada porque no tiene en la «cabeza la agenda de trabajo de los consejeros» y recalcó que en ningún momento ha habido «manipulación ni destrucción» de documentación relacionada con la investigación.