Empresas públicas: un ángulo ciego

Sevilla- La Junta tiene un serio problema con su estructura paralela de empresas públicas de cara a la elaboración de los Presupuestos del próximo año, que están a punto de ver la luz. La envolvente financiera –cuadro macro de ingresos y gastos– debe estar lista antes de que acabe octubre. El problema lo expresó la titular de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, el martes tras el Consejo de Gobierno. La dificultad para cuadrar los números respetando al máximo las partidas básicas de educación y sanidad llevará al Ejecutivo a disminuir las transferencias a su anillo empresarial. Estas transferencias fueron de 3.321 millones de euros en los Presupuestos iniciales de 2012, aunque la cifra global ronda los 5.000. La consecuencia es que los empleados de la denominada «administración paralela» están expuestos a retoques salariales que pueden ser severos e incluso a despidos.
Hay un escollo fundamental cuando se analiza esta «administración paralela». Y es que la Junta no ha aclarado con exactitud ni cuántos trabajadores están empleados, ni cuánto cuesta, ni qué número de entes son los que componen la frondosa red de empresas, agencias, fundaciones, consorcios, observatorios o escuelas.

La primera vez que el Gobierno andaluz dio una cifra de trabajadores de las empresas públicas fue el pasado 15 de mayo, por boca de la consejera de Hacienda, tras el Consejo de Gobierno en el que anunció la bajada de sueldo a los funcionarios. Andalucía cuenta con 261.399 empleados públicos: 239.399 dependientes de la Administación central y otros 22.000 en sus empresas. Esta segunda cifra es aproximada, a diferencia de la primera, porque ni siquiera la Junta ha recabado de forma exacta con cuántos trabajadores cuenta en su anillo empresarial.

Podemos hablar de la Administración, de la «administración paralela» y de una «segunda administración paralela». Tres niveles. El primero lo componen los funcionarios, que están en franca minoría en las empresas públicas. Coexisten en algunas agencias especiales como la del Servicio Andaluz de Empleo, la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera (Agapa) o la Agencia Tributaria. El segundo lo integran personal laboral que ha recalado en las ocho macroagencias sobre las que se asienta la reordenación empresarial y que provenían de entes mercantiles, sujetos por tanto al derecho privado. Sólo estos trabajadores, que vieron blindadas sus condiciones laborales, de ahí el contencioso en estos momentos en curso, rondan los 20.000. El tercer peldaño, más complejo, lo componen los trabajadores contratados de forma externa a través de asistencias técnicas. Hay dos vías de acceso principalmente en este tercer nivel. La Contratación directa como autónomos, tras la adjudicación de un contrato para una tarea específica. O una contratación derivada de las encomiendas de las consejerías a sus propias empresas públicas. Son estas últimas las que buscan el personal externo.

¿Cuántos trabajadores hay en esta última situación? No hay forma de averiguarlo porque la opacidad es total. Lo que sí se conoce es que a muchos de estos externos que han trabajado a través de asistencias técnicas, la Junta los está teniendo que readmitir como funcionarios interinos al demostrar en procesos judiciales la vinculación ininterrumpida con la administración en el desempeño de tareas propias de funcionarios. Este periódico tiene en su poder varias de estas resoluciones de readmisión. Dos, fechadas el 21 de diciembre de 2011 y que afectan a la delegación provincial de Cultura de Huelva; y otra,del pasado 25 de julio, que obliga a la incorporación de un trabajador en la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. El cargo de los salarios no va lógicamente al capítulo I, el más transparente, sino al IV o al VII, a menudo camuflados como inversiones.

El número de entes tampoco está claro. El catálogo contenido en el Plan de Reequilibro Económico Financiero remitido al Gobierno supera el centenar de agencias, sociedades o fundaciones. Pero la oposición cifra estos entes en un total de 372. A Pesar de los continuos requerimientos de la Cámara de Cuentas para que los presupuestos de todas las fundaciones aparezcan en las cuentas anuales, en las de 2012 sólo hay una: la Fundación Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental.

El coste es otro enigma. Las transferencias y subvenciones de 2012 contenidas en los Presupuestos ascienden a 3.321 millones, pero la partida repartida por otros vericuetos de las cuentas es mucho mayor. La oposición habla de en torno a 20.000 millones de euros en la pasada legislatura.