El TSJC rectifica y obliga a Mas a no marginar el castellano en la escuela

Fue un varapalo para el Gobierno catalán porque las titulares de Justicia, Pilar Fernández Bozal, y Educación, Irene Rigau, se habían aferrado a este argumento para defender que Cataluña no tiene que cambiar su modelo educativo, en el que la lengua vehicular es ahora el catalán, como defenderá la Generalitat en el recurso que presentará hoy.

Gimeno había dicho el domingo que el auto del TSJC no obliga a cambiar el modelo de inmersión lingüística, sino que sólo afectaba a las familias que recurrieron. El presidente del TSJC hacía una interpretación similar a la del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y apuntaba que «esta resolución es la ejecución de una sentencia que respondía a la demanda de unas personas concretas y por ello interpretar que puede tener carácter general sería una interpretación excesiva». Ayer mismo por la mañana volvía a insistir en que «el auto tiene un carácter general, y, por tanto, se tiene que interpretar sólo en los casos concretos», pero horas después llegó una rectificación en toda regla.

El comunicado del TSJC, que no iba firmado por su presidente, puntualiza que el auto se basa en sentencias del Tribunal Supremo –ha dictado cinco en favor del bilingüismo en las aulas– que sí pueden modificar el modelo de inmersión que Cataluña aplica desde hace casi tres décadas. Añade que el fallo del TSJC insta a la Generalitat a adoptar las medidas oportunas para cumplir en materia lingüística las sentencias sobre la enseñanza en Cataluña «en los términos resueltos» por el Supremo, lo que «podía significar su aplicación de forma genérica a toda la enseñanza en Cataluña».

Concretamente, el TS dio el viernes a la Generalitat dos meses para «adoptar cuantas medidas sean necesarias» para adaptar la educación a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut que «considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto al catalán». La sentencia del TC es clave, ya que el Supremo en tres sentencias anteriores desestimaba los recursos y defendía que el modelo de educación catalán era constitucionalmente legítimo.

Educación debe ejecutar
Si se había cuestionado que el TSJC dictara una sentencia y después su presidente dijera que el modelo educativo no estaba en cuestión, el comunicado también recuerda que la ejecución de las sentencias del Supremo corresponde «por imperativo legal» a la Sala Contecioso-administrativa de Cataluña. Y puntualiza que el fallo no especifica en su parte dispositiva que la decisión quedara limitada a las familias recurrentes.

El TSJC recuerda a la Generalitat que puede recurrir y añade que no le corresponde señalar cuáles deben ser las medidas a tomar, sino que es la Consejería de Educación la que tiene que dictarlas en función de «criterios pedagógicos, organizativos, económicos y de todo tipo». También afirma que es consciente de que la inmersión lingüística es un tema «especialmente delicado» y finaliza recordando que su ámbito de actuación es «exclusivamente jurídico y no político».

Un histórico del «progresismo» judicial
Miguel Ángel Gimeno es uno de los magistrados «históricos» de la asociación Jueces para la Democracia. de la fue portavoz. A principios de marzo del pasado año dimitió de ese cargo, de forma inesperada, para optar a la presidencia del TSJ de Cataluña. Ni siquiera esperó al congreso que la asociación celebraba en mayo y donde se designarían los nuevos intergrantes de su dirección. Y es que sabía de primera mano que era la opción prioritaria del «sector progresista» del Consejo General del Poder Judicial. El 26 de octubre era elegido con 13 votos a favor (el mínimo necesario), dentro de un «pacto» que incluyó también a que el «sector conservador» pudiese designar para el TSJ de Valencia a su candidata. Gimeno ingresó en la carrera judicial en 1987 y siempre ha ejercido en Cataluña.