Guerrero se querellará contra su ex chófer por «calumnias e injurias»

Sevilla- El caso de los ERE acapara la actualidad andaluza a golpe de desvelar nuevas aristas. Al presunto uso fraudulento de fondos públicos o los supuestos casos de «espionaje político» tras fugas de información, se le une ahora las luchas intestinas que comienzan a vislumbrarse entre los imputados por la juez instructora Mercedes Alaya. La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, entregó ayer a las partes personadas en el proceso siete nuevos tomos, alrededor de 2.600 páginas, de las nuevas diligencias de investigación practicadas, entre ellas, las relacionadas con Juan Francisco Trujillo, el ex chófer del que fuera director general de Trabajo de la Junta, ahora encausado, Francisco Javier Guerrero.

En esa documentación se recoge que Trujillo aseguró en los juzgados de Andújar (Jaén) que «entregó» a su ex jefe entre 40.000 y 60.000 euros, además de regalos «diversos». ¿En concepto de qué? Según su declaración, como «contraprestación» al dinero de las ayudas públicas que recibió parasus empresas Iniciativas Turísticas Sierra Morena y Lógica Estratégica Empresarial. Trujillo admitió ante sus investigadores que en 2004 fue beneficiario de dos subvenciones de 450.000 euros cada una libradas por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social del Ejecutivo andaluz.

Aseveró, asimismo, que «la mayor parte» del dinero se destinó a la compra de cocaína, «fiestas y copas» para el ex alto cargo de la Junta y para él mismo. Sin embargo, Guerrero niega tajantemente esas afirmaciones. Es más, su abogado, Fernando de Pablo, ratificó ayer a LA RAZÓN la intención de su cliente de interponer una querella por «calumnias e injurias» contra Trujillo, tras desmentir categóricamente que el ex director de Trabajo hubiera recibido prebenda alguna ni miles de euros de manos del chófer.

«Es rotundamente falso», sostuvo De Pablo, quien quiso dejar claro que a los delitos que le impute Alaya, Francisco Trujillo –la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez que amplíe las pesquisas en torno a sus empresas–, «tendrá que hacer frente a otro más, dado que no puede demostrar nada de lo que ha afirmado y lo llevaremos a los tribunales».

Fuentes próximas al ex director general desvelan a este periódico que el motivo de la declaración del ex conductor, que podría haber percibido hasta 1.350.000 euros en ayudas públicas, podría ser la venganza: «Fue Guerrero quien le abrió expediente porque no cumplía con su trabajo y lo echaron de la Junta», sostienen.

Las mismas fuentes desmienten también que el ex directivo de la Junta tenga conocimiento de que nadie del Ejecutivo autonómico «haya recibido regalos» vinculados a la gestión de los ERE fraudulentos. Las espadas están en alto entre los implicados porque hay mucho en juego.

De momento, en un atestado del Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil sobre el papel que juega en la trama Guerrero, se vuelve a señalar la «dependencia jerárquica» de éste respecto a los ex consejeros del Gobierno andaluz Guillermo Gutiérrez, Antonio Fernández y José Antonio Viera. Los tres que estuvieron en el cargo entre 2001 y 2010, el tiempo que investiga la instructora Alaya.

Dos hombres, dos cafés y un destino
Dos de los principales implicados en la trama de los ERE, Francisco Javier Guerrero y Antonio Rivas, se dejaron ver alrededor de los juzgados, tomando café, unidos por las imputaciones. La Junta trata de centrar el punto de mira del entramado en el ex director general de Empleo y en el ex delegado de Empleo de la Junta en Sevilla, implicado también en el «caso Mercasevilla». Ahora que los que antes los agasajaban, dentro y fuera del partido, les dan la espalda, Guerrero y Rivas no se esconden y se dejan ver juntos. Comparten café y, si así lo dictamina la Justicia, destino.