La corrupción disuelve Unión Mallorquina

Así, UM cambia sus siglas para denominarse Convergencia por las Islas Baleares con la intención de presentarse a las próximas elecciones autonómicas. Su presidente, Josep Melià, apuntaba que «tenemos un pasado envenenado y no tenemos por qué arrastrar una cruz que no es nuestra, que cada cual aguante lo que haya hecho». Sin embargo, tanto Melià como el secretario general del partido,Joan Monjo, eran citados a últimas horas de la noche por el magistrado del Juzgado de Instrucción número 12, Francisco José Pérez, en funciones de guardia. Según los propios afectados eran llamados para «recoger una notificación».

La jornada desembocó en varios interrogatorios. Durante más de tres horas declaró el ex conseller de Deportes y Juventud del Govern balear Mateu Cañellas, detenido por su presunta vinculación a esta trama de corrupción, que quedaba en libertad con cargos pero sin medidas cautelares. Cañellas, que coordinó la campaña de UM en Palma en las elecciones municipales de 2007, se desvinculó de las contrataciones realizadas en el Ayuntamiento, al tiempo que remarcó estar enfrentado a los cargos de UM de Palma y que en varias ocasiones ordenó públicamente en el seno de la formación que se desvinculara claramente el aparato del partido de las instituciones.

La intensa actividad judicial llevaba también a disposición judicial a la ex concejala de Medio Ambiente, Cristina Cerdó, y a la ex coordinadora de esta área y ex número 4 en la lista municipal de la formación en 2007, Paula Cortés, para quien los fiscales Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán solicitaban prisión provisional eludible bajo fianza de 100.000 euros.

Después eran citadas dos funcionarias del Ayuntamiento de Palma, la primera como testigo y la segunda, Rosa María Llinàs, en calidad de imputada y para quien la Fiscalía anunció que pedirá su sobreseimiento de esta causa. Asimismo otro funcionario del Consistorio, Antoni Quetglas, a quien seguía el empresario de transportes del municipio mallorquín de Sóller Miquel Arbona, ambos como encausados.

Desde que arrancara la «operación Picnic» un total de 12 personas han pasado por las dependencias judiciales de Palma.