Anticorrupción investiga si Bautista defraudó a Hacienda

Si, al final, la Fiscalía prueba un delito fiscal, Eduardo Teddy Bautista, presidente del consejo de dirección de la entidad, se podría enfrentar a una pena de prisión máxima de 15 años, al sumarse este delito a los de apropiación indebida (que conlleva una pena de uno a seis años) y al de administración fraudulenta (de seis meses a cuatro años de cárcel). El delito fiscal se produce cuando se defrauda a Hacienda cuotas impositivas de 120.000 euros en adelante. Está penado de uno a cinco años de cárcel y una multa de seis veces la cuantía defraudada. En el caso de Bautista, hay que añadir, además, un delito societario, sin pena de prisión, por negar a los socios la información sobre la entidad a la que tienen derecho e imperdirles participar en su gestión.

Una red de empresas
Fuentes de la Fiscalía explican a este diario que los imputados en el caso constituyeron «múltiples» empresas a nombre de familiares para ir «colocando» el capital desviado en cada momento desde la Sociedad de Autores. Éste, según la Fiscalía, fue el «modus operandi» del equipo directivo durante un largo período de tiempo. Por eso fuentes judiciales no descartan que se produzcan nuevas detenciones ante este entramado de empresas a nombre de terceros. Mientras, fuentes de la Audiencia Nacional consultadas por este periódico destacan «la solidez» de la imputación, después de las pruebas contundentes encontradas durante la investigación que la Fiscalía Anticorrupción inició hace más de un año.

La Fiscalía precipitó el viernes pasado esta operación ante el temor de posibles filtraciones, según aseveran fuentes de la investigación. Después de las nueve detenciones, prestaron declaración a lo largo del domingo ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz el rostro más visible de la entidad, Teddy Bautista, y dos altos cargos de la misma, Enrique Loras y Ricardo Azcoaga, y salieron todos en libertad, sin fianza y con cargos y medidas similares. Ninguno podrá abandonar de momento el país y sus pasaportes han sido requisados, sus cuentas embargadas y no podrán disponer de sus bienes inmuebles. Ayer, le tocó el turno a José Neri, al que todas las informaciones sitúan como presunto cerebro de la trama.

José Neri, el «cerebro» ante el juez
José Neri, presunto cerebro de la trama de empresas conectadas a la SGAE, declaró ayer ante el juez Pablo Ruz. Fue el primero de los cuatro implicados restantes. Presidente hasta 2000 de SDAE, la rama digital de SGAE, declaró durante más de tres horas, desde mediodía hasta las seis de la tarde, aunque con un descanso. Sin embargo, no hubo auto ni se le dejó en libertad mientras continuaron las restantes declaraciones.