Hoy como ayer

El 15 de septiembre de 1978, el entonces ministro de Justicia Landelino Lavilla, anunció la necesaria actualización de la organización judicial en el acto de apertura del año judicial. Concretamente dijo: «Ya estamos en trance de abordar la actualización de la organización judicial y adecuar los mecanismos procesales de forma que se asegure la pronta, eficaz y justa decisión de los litigios y el efectivo control jurisdiccional del poder desde las áreas del Derecho». Añadió además, que «cuando la excesiva duración de los procesos alcanza cotas generalizadas y la jurisdicción pierde eficacia social, por causas que no están en la individualizada inoperancia de los hombres a los que la sociedad encomienda la misión de juzgar, sino en la inadecuación de la organización judicial o de los cauces procesales, la responsabilidad trasciende a otras áreas del poder político». A su vez puso énfasis en la precaria situación de la Administración de Justicia que se ha venido manteniendo por condicionantes económicos generales. Anunció reformas orgánicas, procesales, y la implantación de los nuevos instrumentos telemáticos. Resulta claro que tras más de tres décadas, y a pesar de los esfuerzos que han hecho los diferentes Gobiernos de turno, el discurso sigue instalado en nuestra sociedad como una realidad insoslayable, algo que no podemos seguir aceptando. Es posible y necesario actualizar nuestro sistema de Justicia, y ello a pesar del momento económico actual, que impidiera por sí mismo las necesarias inversiones para tal cometido. Lo primero, en mi opinión, es fortalecer la imagen y el prestigio de nuestra justicia en general, y sobre todo la de sus altos órganos, algo que no requiere gasto alguno, sino un esfuerzo conjunto de responsabilidad y de contención. Las descalificaciones a las que son sometidos los órganos de Justicia y sus decisiones cuando afectan a intereses políticos y de políticos, son tan intensas y demoledoras, que las convierten en destructivos explosivos que socavan la base de cualquier institución. Esto no es algo etéreo e insustancial, muy al contrario, afecta al real funcionamiento de las instituciones y genera una deshonrosa desconfianza por parte de los ciudadanos. Por ello es necesario terminar con prácticas como cuestionar la labor de un juez por entender que actúa por interés partidistas cuando lo que esta haciendo es su trabajo, descalcificar desde miembros de un gobierno autonómico la labor del Tribunal Constitucional, sólo por que no les da la razón en sus derivas políticas, anunciar vías de hechos contra la normal actuación de la Ley y de la Justicia, cuestionar la honorabilidad y profesionalidad de candidatos a estos órganos para obtener ventaja política, en suma todas son actitudes que habría que colocar en el baúl de los recuerdos. Por otro lado, los titulares de la potestad jurisdiccional debemos hacer un esfuerzo no solo de entrega a nuestro trabajo , sino y también dirigido a dignificar nuestra función y la imagen de los Tribunales, para lo cual hay que velar no sólo por lo que hacemos, sino también por lo que la sociedad cree que hacemos. No se puede asumir como algo normal e inevitable que un proceso penal en su fase de instrucción, y habiéndose declarado el secreto de las actuaciones, estas sean conocidas en tiempo real por los medios de comunicación, erosionando derechos tan básicos como el de defensa, el honor y la intimidad, provocando un gran desprestigio no sólo del afectado, que a la postre los sufrirá si es acusado, sino a la propia acción de la Justicia. Este tipo de actuaciones, como mínimo deben ser investigadas hasta sus últimas consecuencias, al margen de su dificultad. En un ámbito y ambiente de respeto y de fortalecimiento institucional, es mucho más sencillo acometer las necesarias reformas para actualizar nuestra justicia y dotarla de un grado de eficacia mínima, puesto que en una base fuerte es más sencillo edificar. A partir de aquí se trata de acertar, y ello requiere además de una acción política seria y decidida, el apoyo de todos los implicados, para lo cual es necesario volver a generar un espacio de consenso, no solo político, sino y también profesional, pero eso sí, superando los propios egoísmo, pensando en lo importante, en el servicio publico. Por último también se debe pedir a los ciudadanos, un uso racional y responsable de tal servicio, puesto que si bien el derecho a obtener la tutela judicial efectiva en sí mismo es de contornos infinitos, los medios que los garantizan, no, y por ello el sistema debe asegurar un uso racional del mismo, desincentivando y restringiendo accesos caprichosos a los Tribunales. Por ello, con respeto a las instituciones de la Justicia, con adecuadas reformas asentadas en ese debido respeto, con una entrega a estos fines de quienes trabajamos en este ámbito, con la creación de un nuevo espacio de consenso, y con la responsabilidad de los ciudadanos, comenzaremos el camino que nos llevará a alcanzar un sistema de justicia adecuado.