Una empresa de la Junta inhabilitada en el extranjero por corrupción

Así aparece reflejado en la página oficial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una de las organizaciones de crédito internacional de mayor prestigio. Un hecho que refuerza la investigación abierta por la Fiscalía de Granada contra esta misma empresa, que no es otra que la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), dependiente de la Junta de Andalucía.

Y es que, tal y como publicó LA RAZÓN el pasado 28 de febrero, la acusación pública considera que existen indicios suficientes de que dicho organismo contrató y pagó a dos funcionarios argentinos con el único objetivo de obtener la adjudicación de un proyecto en Montevideo (Uruguay). Argumento ratificado tras la sanción del BID, no sólo a la empresa en cuestión sino a los dos trabajadores implicados, Carlos Laje y Enrique Rozenblat, acusados por el mismo organismo de «prácticas fraudulentas» e inhabilitados durante cinco años.

Es la respuesta a una denuncia presentada por José Castro Sánchez, ex directivo de la EASP, ante el BID y que se une a la que presentaría después ante la Fiscalía de Granada. El organismo de crédito internacional mostró su preocupación por las irregularidades y le solicitó más información a Castro, que detalló lo acontecido desde 2006.

Según consta en ese escrito, en junio de 2005 la Escuela Andaluza de Salud Pública concursa a la licitación de un proyecto internacional. La adjudicación estaba en manos de dos organismos de Córdoba (Argentina): Proaps y Acif. Y el resultado fue un «no» rotundo. Curiosamente, meses después, miembros de la EASP se reunieron con uno de los funcionarios argentinos ya mencionados, Enrique Rozenblat, que en ese momento era coordinador general del Proaps, uno de los organismos que decidían.

Encuentro «beneficioso»
Una reunión muy provechosa, si tenemos en cuenta que en febrero de 2006 la Escuela Andaluza se presenta al proyecto «Estudios de evaluación de la canasta básica de prestaciones» y en julio ya era suyo. Eso sí, para llegar a este punto se produce una cadena de irregularidades. Rozenblat y Laje, directivo también del Proaps, viajan a España para encontrarse con personal de la EASP y son contratados como profesor asociado y consultor, respectivamente.

El contrato es de un año prorrogable y una cuantía de 6.000 euros (cantidad por la que no era necesario sacarlo a concurso público). Y en mayo, la EASP ya sabía que era la seleccionada, pese a que el BID, que financiaba el proyecto, no haría pública la decisión hasta julio. El objetivo estaba cumplido. Así, tiempo después, era contratado como director de la sede en Montevideo José Castro. Pero los problemas no tardaron en producirse. Cuando llega el momento de renovar a los dos funcionarios argentinos, el director se niega, «dado lo irregular de la situación». Un ejemplo: durante una reunión con el Proaps, Laje le pidió a Castro que no revelara su cargo como consultor en la EASP, ya que no estaban al corriente de su doble «función».

Sobra decir que Castro fue despedido, al igual que los funcionarios argentinos, pero antes mantuvo un encuentro con Laje en el que éste le explicó que el contrato que se había negado a firmar «era parte del acuerdo alcanzado con la EASP por el que él mismo y Rozenblat serían contratados a cambio de que el Proaps seleccionara a la EASP para el proyecto». El asunto está ahora en manos de la Fiscalía Anticorrupción argentina, que ha tomado buena nota de esta denuncia, de las sanciones y de la investigación abierta por la Fiscalía de Granada.
 

Querella de funcionarios por los ERE
El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja) presentará hoy una querella contra todos aquellos, que a tenor de las investigaciones que se lleven a cabo, resulten responsables de la trama organizada que investiga el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla sobre la inclusión de intrusos en ERE financiados con cargo al Presupuesto autonómico. Fuentes del sindicato han confirmado a LA RAZÓN que pedirán hoy su personación en la causa que instruye la magistrada Mercedes Alaya. El Safja entiende que los hechos investigados pudieran venir motivados por la ausencia de personal funcionario ejerciendo las labores de control que les reserva en exclusiva la ley. Apuntan a un posible delito de prevaricación.