El multazo del Gobierno

Desde hoy la circulación por autopistas y autovías tendrá limitada la velocidad máxima a 110 km/h. España se distancia también en este punto de los países más avanzados de nuestro entorno y se nos devuelve a escenarios de los años 70. La polémica generada por la fiebre prohibicionista de este Gobierno ha ido a más por la falta de solidez de los argumentos oficiales y por el aire de improvisación que rodea a estas iniciativas. Baste, como ejemplo, el desbarajuste en el cambio de las señales de tráfico, donde igual se da una pegatina completa, u otra de un solo número, o una cubierta con imán, o con silicona, o se cambia la señal completa. La imagen es cualquier cosa menos seria.
El Ejecutivo ha justificado el recorte de la velocidad en virtud de un plan de ahorro energético, motivado por las revueltas árabes y el encarecimiento del petróleo, y también por sus positivas consecuencias sobre la seguridad vial. Se ha demostrado, con estadísticas en la mano y a través de estudios y pruebas de conducción, que la nueva limitación no logrará los resultados anunciados. Ni se ahorrará combustible y, según la experiencia de 1976 cuando se bajó a 100 km/h, la siniestralidad tampoco mejorará. En aquel año hubo 245 muertos más.
Aunque el Gobierno prefiere la retórica a las cifras, la realidad de los datos es que en los últimos años los españoles hemos conducido más despacio, pero al mismo tiempo ha crecido el consumo de carburante y el número de víctimas. En 2004, la velocidad media fue de 117,20 km/h, con 7.538 víctimas y un consumo de 29,8 millones de toneladas. En 2007, fue de 116,50 km/h, 8.442 víctimas y 32,5 millones de toneladas. LA RAZÓN demostró además empíricamente que los motores del siglo XXI gastan más combustible a 110 que a 130.
Por tanto, hay que pensar que existen otras razones que no se han explicado a la opinión pública. Sea o no el motivo de fondo de la decisión, lo cierto es que la disminución de la velocidad máxima trae aparejada un multazo. La Administración se ha cuidado hasta el extremo de silenciar que con los cambios normativos las multas serán superiores e incluso algunas sanciones triplicarán su cuantía. Que se haya ocultado esta novedad demuestra que el Gobierno tendría extraordinarias dificultades en argumentar su decisión en motivos no crematísticos. Y es que los conductores que fueran sorprendidos circulando entre 141 km/h y 150 podían ser multados ayer con 100 euros, pero hoy lo serán con 300. Se calcula que Tráfico incrementará su recaudación un 30%, lo que supondrá un ingreso extra de 21 millones de euros, que son también 21 millones de razones para adoptar la iniciativa. Que el dinero parece ser importante lo prueba también que Interior no modificará la regulación sobre pérdida de puntos. Se pagará más, pero los infractores no tendrán mayores perjuicios.
 La vocación obsesiva del Ejecutivo por entrometerse y recortar la libertad de los ciudadanos y su determinación de mejorar la salud financiera del Estado a través de los bolsillos de los españoles no nos convierte en un país mejor ni más próspero ni más justo. Gobernar a golpe de ocurrencia es converger con la mediocridad y no con la excelencia.