El nuevo presidente del TSJC quiere una justicia más cercana

BARCELONA- El nuevo presidente electo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Miguel Ángel Gimeno, apostó ayer por acercar la administración de justicia a la sociedad civil catalana y por que los ciudadanos perciban que tienen derecho a una «buena justicia».
En sus primeras declaraciones a los periodistas tras ser nombrado ayer por el CGPJ, Miguel Ángel Gimeno explicó que «hay mucho trabajo por hacer» para que la sociedad civil sienta más cercana a la administración de justicia y que éste será uno de los objetivos destacados de su mandato. Unas resoluciones acordes a derecho, dictadas en un tiempo razonable y la lengua en la que se atiende al ciudadano son algunos aspectos que ha citado el nuevo presidente del TSJC que se pueden mejorar en el trato a los ciudadanos.
Aseguró además que «establecerá» mecanismos de interacción con la sociedad civil, con sindicatos, asociaciones de empresarios, de vecinos y otras, para que los órganos judiciales conozcan lo que quiere la sociedad, antes de que los órganos judiciales determinen sus objetivos.
Miguel Ángel Gimeno, que pertenece a la asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD), fue elegido ayer por el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, cargo en el que sustituirá a Maria Eugènia Alegret, perteneciente a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

Tura, procupada por Pretoria
La consellera de Justicia, Montserrat Tura, expresó ayer su preocupación por la lenta instrucción del caso Pretoria, a raíz del cual fueron detenidos el alcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) y dos ex altos cargos del gobierno catalán durante la época de Jordi Pujol. Es un caso «del que no tenemos noticia que haya prosperado» en las últimas semanas, tras el cambio del juez Garzón por el juez Rafael Ruz. Por el contrario, indicó que del caso del Palau de la Música «hoy sabemos muchas más cosas que hace seis meses» sobre el expolio, especialmente gracias al trabajo de los peritos de Hacienda, defendiendo así la instrucción del juez Juli Solaz.