Al borde del desahucio por reforma

«Tengo un hijo de 16 años, estoy separada, en paro y con una deuda de casi 17.000 euros que tengo que pagar ya». Es la situación de Carmen de la Sierra, vecina y vicepresidenta de la Asociación de Vecinos Pablo Iglesias de Rivas Vaciamadrid. Aunque ella, en realidad, no es de las peor paradas. Cerca de 44 familias de esta urbanización de Rivas no pueden hacer frente al pago de una rehabilitación de esta colonia de viviendas «impuesta por el Ayuntamiento», por lo que pueden ser desahuciados en breve.

Viviendas sociales

De hecho, hay vecinos a los que se les ha pasado el plazo de pago, por lo que su casa ya habría pasado a subasta si no lo hubieran detenido sus abogados. Consideran que el Ayuntamiento de la localidad «debería actuar como defensor de los intereses de sus vecinos», ya que fue el propio Consistorio el que promovió la reforma en 2004 y, por tanto, «debería ayudar a los que no pueden pagar», opinan desde la Asociación. «Son viviendas sociales y la reforma nos cuesta tres veces más de lo que nos costó la casa. Es de vergüenza», afirma Enrique Lamas, también de la Asociación. Los vecinos se quejan de que era una reforma innecesaria y, además, se han incluido multitud de «detalles estéticos» que han encarecido el ya elevado presupuesto inicial. «Me pueden echar de mi casa porque no puedo pagar una reforma que yo no voté. ¿Qué te parece?», pregunta Nieves, la presidenta de la Asociación, que debe 15.000 euros a su comunidad de vecinos.

Sin embargo, la mayoría de los vecinos de Pablo Iglesias votaron a favor de una reforma y así se aprobó en las juntas vecinales. El complejo de Pablo Iglesias, con 939 viviendas de VPO construidas hace 25 años, está dividido en 10 parcelas, y cada una de ellas procedió a afrontar la reforma de forma independiente. Así, cada parcela contrató a su propia dirección facultativa (arquitectos) y realizó sus propios presupuestos con diferentes constructoras.

Unos presupuestos que varían «en miles de euros» de una parcela a otra. Pero los vecinos afectados hablan, además, de un asunto algo turbio acerca de «engordar unos presupuestos». En un informe sobre la rehabilitación presentado por los presidentes de seis comunidades de propietarios (de las 10 existentes) se afirmaba lo siguiente: «...Necesitaríamos gastar 32.000 euros para obtener la máxima cuantía en subvenciones. Como bien suponéis, la obra que hemos encargado no es, de ningún modo, de esta cuantía...». Los vecinos reconocen que «se fiaron» de sus presidentes y nunca pensaron que iban a llegar a pagar estas cantidades. Pero esa suma es la que ahora les exigen pagar a pesar de haber obtenido ayudas regionales y estatales. Un importe que no puede afrontar cualquier bolsillo.

 Tribunales

«A pesar de todo, lo único que pedimos son formas de pago más flexibles», afirma de la Sierra. «Son injustos casos como el de un joven enfermo que tiene que pagar medicamentos muy caros y no puede hacer frente a su deuda». La Asociación baraja, ahora, acudir a los tribunales si nadie les ayuda. Mientras, para los vecinos amenazados de desahucio los días van pasando demasiado rápido.