Arranca por fin la Ciudad de la Justicia

Barcelona- Mañana lunes se pone en marcha por fin la nueva Ciudad de la Justicia de L'Hospitalet de Llobregat. El traslado de los juzgados de Barcelona, con toda su documentación y personal, es un proceso muy complejo que tiene que culminar el 26 de octubre, según el calendario fijado por la Generalitat.El traslado comenzó el pasado jueves, pero el proyecto es mucho más antiguo. Nada menos que tres legislaturas del Gobierno catalán. La idea inicial partió del último ejecutivo de CiU, la heredó el anterior conseller de Justicia, Josep Maria Vallès, y fue inaugurado ayer por la actual titular del departamento, Montserrat Tura. Lo hizo acompañada del presidente de la Generalitat, José Montilla; el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Maria Eugènia Alegret, y la alcaldesa de L'Hospitalet, Núria Marín, entre otras autoridades.Muchas adversidadesLa Ciudad de la Justicia iniciará su andadura oficial mañana, pero el camino no ha sido fácil, ni mucho menos. Las complicaciones se pueden resumir básicamente en dos: presupuesto e instalaciones. El primer factor ha sido el más polémico. El coste final será de 388 millones de euros, un 52 por ciento más de lo previsto. El presupuesto se ha ajustado tres veces. Vallès lo cifró en 255 millones, tras reducir un 35 por ciento la superficie y reducir de once a nueve los edificios previstos. Las continuas desviaciones presupuestarias se justifican por las no menos numerosas modificaciones de las instalaciones.No habrá once edificios, sino nueve, y además sólo seis de ellos estarán ocupados por juzgados. Dos más serán explotados por la empresa concesionaria y el tercero será de vivienda protegida. Asimismo, se han modificado sustancialmente la planta del Juzgado de Guardia, los de primera instancia y los de violencia doméstica. Ubicada en los antiguos cuarteles de Lepanto, finalmente la Ciudad de la Justicia tendrá 230.000 metros cuadrados y 138 órganos judiciales trasladados desde Barcelona, aunque por fases. La primera de ellas incluye 29 juzgados. También aloja a los partidos judiciales de L'Hospitalet al completo, desde febrero de 2008. Desde el pasado diciembre, también funciona la parte administrativa del Instituto de Medicina Legal de Barcelona. Los próximos pasos serán la puesta en marcha de la Fiscalía y de los juzgados de menores de la capital catalana. Los cuatro edificios restantes aglutinarán los juzgados penales, de Instrucción, de Primera Instancia, Mercantiles y de Vigilancia Penitenciaria. En el otro eje judicial de Barcelona, en el paseo Lluís Companys, permanecerán la Jurisdicción Social y la Contencioso–Administrativa, la Audiencia de Barcelona, la sede del TSJC y el Registro Civil.Cifras astronómicasLas cifras de las instalaciones son astronómicas. 433 lavabos, 550 despachos, 173 salas multiuso, dos bares, un auditorio de 500 plazas, 68 ascensores, 24 calabozos de adultos y nueve de menores, 2.786 ordenadores, 3.917 teléfonos, 891 impresoras, 2.700 mesas y 9.300 sillas. Está previsto que pasen por la Ciudad de la Justicia más de 12.000 personas al día y casi 1.000 funcionarios de momento, 3.000 en el futuro. El traslado lleva días gestándose pero parece que no será fácil. Tura, que visitó las instalaciones el pasado jueves, advirtió que «pueden haber pequeñas disfunciones». No es la única voz autorizada que avisó de posibles complicaciones durante el proceso de todo este año. El juez decano de Barcelona, José Manuel Regadera, alertó esta misma semana de que «el traslado de los juzgados puede provocar pequeñas disfunciones, sobre todo en los de guardia».No obstante, es cierto que la superficie de los juzgados duplicará a la actual. Esto no evita críticas de ciertos sectores judiciales, como por ejemplo los abogados, que se quejaron de que «deberán ir de un lado a otro». Otras opiniones aseguran que estas mismas instalaciones no podrán albergar más juzgados en el futuro. El departamento de Justicia, con esta nueva infraestructura, quiere resolver uno de los problemas endémicos del sistema judicial. Esto es, la falta de modernización, el uso de la informática y de las nuevas tecnologías. Se han invertido 25 millones de euros para equipamientos tecnológicos y se está informatizando toda la documentación necesaria, según confirmaron fuentes del departamento de Justicia.