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Los Ángeles

Contra los «piratas» no contra los usuarios: ni desconexión ni bajar el ancho de banda

La industria cultural reclama que la legislación desaloje a las 200 páginas de descargas con base en nuestro país.

Contra los «piratas»,no contra los usuarios
Contra los «piratas»,no contra los usuarioslarazon

La industria cultural, agrupada en la Coalición de Creadores, ha dado un paso más hacia la legislación de las descargas ilegales. Conscientes de que ya soplaban aires contrarios en Europa, rebajaron en abril su pretensión de «desconectar» de internet a los usuarios más reincidentes a cambio de reducir el ancho de banda de su conexión. Ayer descartaron esta posibilidad y solicitaron que la futura legislación vaya sólo contra las páginas de descargas, como The Pirate Bay o Emule, que se lucran del intercambio ilegal: desalojar a las 200 que tienen base en nuestro país e impedir el acceso a las foráneas, responsables del 80 por ciento del tráfico «pirata». «Lo que menos preocupa a la industria que agrupa la coalición es la piratería de los usuarios españoles, sino la concentración de piratería internacional que se está produciendo en nuestras redes», manifestó ayer en un encuentro con la prensa su presidente, Aldo Olcese. Así, incluirían una disposición transitoria para ver si en un año esta medida tenía un efecto de reducción de la «piratería» de manera significativa; de no ser así, se abriría la posibilidad de ir contra los usuarios.

Desalojo de los «piratas»Este cambio de postura se debe al interés de que la legislación llegue cuanto antes, aunque sea con «un acuerdo de mínimos». Ni siquiera solicitan una norma específica para ello, sino que opinan que podría tener acomodo en la Ley de la Sociedad de la Información o en la nueva Ley Audiovisual. Los creadores tampoco consideran que haya que crear otro órgano administrativo para enviar los apercibimientos a estas webs y, en su caso, ordenar el desalojo, sino que podría ser competencia de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones. Consideran que esta iniciativa tiene pleno acomodo en el ordenamiento jurídico español, frente a la Ley Sarkozy, que apuesta por la desconexión, que ha sido rechazada por el «Supremo» francés.

Oferta legal a buen precioOlcese tiene «la convicción de que el Gobierno va a hacer algo y pronto». A partir de entonces se empezaría a trabajar en la oferta legal de contenidos: «Ahora no puede haberlos porque al día siguiente te los piratean». La industria cultural se compromete a poner en marcha un portal de contenidos con una oferta prácticamente «ilimitada» de cine, música e incluso libros, «de calidad total y a un precio competitivo». El periodo de puesta en marcha según Olcese sería «el tiempo que transcurra desde que el Consejo de Ministros se pronuncie hasta que se produzca la ratificación parlamentaria». En este punto, la coalición (que representa a SGAE, pero también a multinacionales de los contenidos) no coincide con la postura de las operadoras de telefonía (agrupadas en Redtel), con quienes dejaron de negociar el pasado abril sobre la normativa por falta de acuerdo. Redtel no cree que la coalición tuviera una verdadera intención de poner en marcha el negocio «online». Olcese negó ayer rotundamente este extremo y reiteró que «no harán nada que vayan contra los usuarios, pues son y serán nuestros clientes». Es más, acusó a Redtel de que el verdadero escollo de las negociaciones fue que las operadoras pretendían un «acuerdo de bloques que va contra las leyes de la competencia», es decir, un pacto sectorial que imposibilitaría negociaciones de compañías como Warner o Disney con las operadoras para llegar a un acuerdo por distribuir sus contenidos, según las explicaciones de Olcese. También acusó a las operadoras de incluir «publicidad» en las webs de enlaces. Además, destacó que el retraso de la sociedad de la información en nuestro país se debe en buena parte a que la banda ancha «cuesta más del doble de la media europea». Lamentó que el acuerdo no hubiera sido posible «porque hubiera servido de ejemplo internacional» al tratarse España del primer país en violación de la propiedad intelectual.

1,92 millones de dólares por bajarse 24 cancionesCuando en 2007 a Jammie Thomas-Rasset la condenaron en EE UU a pagar una multa de 222.000 dólares por descargar 24 canciones decidió apelar la decisión. El segundo juicio ha resultado peor que el primero: ayer se conoció que será multada con 1.92 millones de dólares por violar los derechos de autor de estas 24 piezas. El castigo sale a 80.000 dólares por tema.