El ex consejero Prada también denunciará su supuesto espionaje

El ex consejero madrileño de Justicia y diputado regional del PP, Alfredo Prada, denunciará también, como el vicepresidente regional, Ignacio González, y el vicealcalde de la capital, Manuel Cobo, el espionaje del que supuestamente ha sido objeto y estudia pedir el amparo de la Asamblea autonómica.
Después de que el diario El País publicara hoy que Prada fue espiado en marzo y abril pasados por "ex agentes a sueldo de la Consejería de Interior", Prada ha declarado que "la indignación en lo personal y en lo familiar"por estos hechos "debe trasladarse al ámbito de la responsabilidad penal".
En declaraciones a la SER recogidas por Efe, el ex consejero del Gobierno de Esperanza Aguirre ha afirmado que "en un estado democrático, en un estado de derecho debe recaer el peso de la ley frente a los autores, frente a los responsables de este tipo de actuaciones ilícitas, de actuaciones ilegales, y evidentemente voy a, no sé si presentar una denuncia o poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía".
 Además, en su condición de diputado regional, está "sopesando la posibilidad de pedir amparo a la Mesa de la Asamblea"ante lo que considera "una vulneración de todo tipo de derechos", ya que "la Cámara que representa al pueblo de Madrid no puede estar ajena a esto".
 "Creo que la Justicia debe intervenir, debería intervenir la Fiscalía incluso de forma urgente y tomar las medidas que fueran precisas para conocer qué ha ocurrido, quienes son los autores de estos hechos delictivos y muy graves", ha manifestado.
Por otra parte, Prada ha asegurado que "en absoluto"tuvo "nada que ver"con la creación del grupo que habría realizado esos seguimientos, ya que él dejó la responsabilidad de Interior en el Gobierno de Aguirre en junio de 2007, después de las elecciones autonómicas de mayo de aquel año, aunque continuó como vicepresidente de la Comunidad.
Fue entonces, ha recordado, cuando dejó esa responsabilidad en manos del actual consejero, Francisco Granados.
Además, ha subrayado que "los funcionarios, que no son policías", del área de seguridad a que se refieren las informaciones de El País "existían desde la época del Gobierno del socialista Joaquín Leguina".