El primer ministro de Tailandia, Abhisit Vejajjiva, levantó hoy el estado de excepción en Bangkok y cinco provincias vecinas y se comprometió a reformar la Constitución, como pide la oposición, para tratar de resolver la crisis política. La decisión gubernamental restaura las libertades civiles y permite la puesta en libertad de todas aquellas personas que fueron detenidas en aplicación del estado de excepción, salvo las acusadas de haber tomado parte en actos violentos. «El Gobierno envía una señal a la comunidad internacional de que la normalidad ha vuelto al país, aunque seguirá coordinando a las distintas agencias de seguridad», afirmó Vejajjiva, quien decretó la medida extraordinaria el 12 de abril pasado para sofocar las protestas en un momento en el que habían crecido en número y osadía. El gobernante afirmó que busca la reconciliación con la oposición de los llamados «camisetas rojas», integrada por los seguidores del ex primer ministro Thaksin Shinawatra, depuesto por un golpe de Estado en 2006 y actualmente en el exilio. A pesar de la normalización que tiene lugar, las divisiones políticas continúan, como probaron los parlamentarios en las sesiones celebradas el miércoles y jueves para tratar de la última crisis, y los «camisetas rojas» se disponen a volver a salir a las calles de Bangkok mañana. Pero está vez el Ejecutivo está preparado para impedir que cerquen la sede gubernamental de nuevo y conviertan al mandatario y sus ministros en un Gobierno ambulante, como ocurrió del 26 de marzo al 14 de abril. El primer ministro defendió durante el debate parlamentario la actuación de los cuerpos de seguridad para acabar con las protestas y propuso la creación de una comisión con el cometido de determinar la reforma que precisa la Constitución, elaborada en 2007 por los militares que derrocaron a Shinawatra, La oposición rechaza esta Carta Magna porque representa un retroceso con respecto a la anterior, de 1997 y considerada la más democrática de la historia de Tailandia. Los militares, en su reforma constitucional, abrieron la puerta del Legislativo para su regreso, entre otras cosas. El analista Thawee Suraritthikul, profesor de la universidad Sukhothai Thammathirat, señaló que el Gobierno y la oposición probaron durante el debate parlamentario que no están preparados para cooperar y esa actitud, en su opinión, hará fracasar cualquier intento de cerrar la crisis o de reformar la Constitución. La reconciliación que busca el primer ministro tailandés no incluye a Shinawatra, quien el pasado octubre fue condenado a dos años de cárcel por un delito de abuso de poder durante los cinco años que gobernó el país. El Ministerio de Asuntos Exteriores revocó el pasaporte de Shinawatra, quien arengó a sus seguidores para organizar una revolución, el mismo día de la declaración del estado de excepción. Según la prensa tailandesa, Shinawatra, antiguo coronel de la Policía, viajó esta semana a Liberia y otros países del entorno para estudiar diversas inversiones en el sector de la minería y los diamantes. El Gobierno tiene paralizados 1.800 millones de dólares en cuentas de Shinawatra por los procesos judiciales abiertos contra él, parte de la fortuna de 2.200 millones de dólares que le atribuyó la revista Forbes en 2004. La secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, quien visitará Tailandia en julio para participar en una reunión del Foro de Seguridad de la ASEAN, se reunió esta semana con su homólogo tailandés, Kasit Piromya, en Washington. El pasado día 11, Tailandia tuvo que cancelar una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de China, Japón, Corea del Sur, India y la ASEAN cuando cientos de «camisetas rojas» irrumpieron en el hotel de lujo donde se iba a inaugurar. Tailandia vive desde la caída de Shinawatra una profunda crisis política resultado de la lucha entre sus partidarios y sus detractores.