El Gobierno ejercerá de acusador en el «caso Gürtell»

La Abogacía del Estado, dependiente directamente del Ministerio de Justicia, se personará como acusación particular en el conocido como «caso Gürtell», relacionado con una presunta trama de corrupción empresarial dirigida, presuntamente, por Francisco Correa. Esa acusación se ejercitará a petición y «en nombre de la Agencia Tributaria», después de que ésta hubiese elaborado un informe en el que aludía a la posible comisión de un delito fiscal por parte del tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, y del diputado Jesús Merino, relacionado con supuestos cobros de las empresas de Correa.
«Habiendo acreditado la Agencia Tributaria que existe esa posibilidad –la de delito fiscal– y haciéndolo en un informe, la obligación del Gobierno de España es personarse y defender los intereses de los españoles», dijo en Mérida el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, para justificar la decisión adoptada.
Esta actuación hay que considerarla como «habitual», según Justicia, cuando se detectan la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública. De esta forma, el Gobierno ejercerá la acusación en este procedimiento junto al Ministerio Fiscal, causa respecto a la cual el Tribunal Supremo debe decidir si admite la competencia, es decir, en el procedimiento donde están imputados, entre otros, tres diputados autonómicos de Madrid del Partido Popular.
Entretanto, la dirección del PP insistió ayer en su estrategia de apoyo al tesorero nacional, la pieza más delicada de los tres aforados sobre los que el juez instructor del TSJM ha visto indicios de delito fiscal y de cohecho.
El argumento oficial es que no puede adoptar ninguna decisión al respecto porque ignora, al igual que los propios afectados, cuáles son las nuevas acusaciones en su contra. De hecho, en la estrategia de defensa, que dirige Federico Trillo, se ha planteado la iniciativa de que los tres aforados –Bárcenas, Merino y el eurodiputado Galeote– se dirijan al Tribunal Supremo para pedirle que les cite a declarar antes incluso de tomar una decisión sobre la admisión de competencia de la causa.
A esta situación de «desprotección» por no saber «de qué se les acusa» aludió ayer el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, y la portavoz en el Congreso, Soraya Saénz de Santamaría. González Pons emplazó a la Fiscalía Anticorrupción a explicar por qué «ha cambiado de criterio» sobre la supuesta implicación del tesorero en el «caso Gürtel». Mientras que Sáenz de Santamaría insinuó que la decisión de la Abogacía del Estado de personarse puede deberse a que el Gobierno «tiene más información que los afectados sobre este asunto». Rajoy podría mantener en la tesorería a Bárcenas aun en el caso de que sea finalmente imputado por el Supremo. Valorará en su momento las acusaciones en su contra.

Pujalte, portavoz del sector que pide que Bárcenas renuncie
Entre los «cuadros» del Partido Popular es mayoritaria la opinión de que el tesorero nacional, Luis Bárcenas, debería haber dejado voluntariamente su cargo por el bien de la organización hasta que se aclare su situación procesal. Ayer, el diputado Vicente Martínez Pujalte se erigió en portavoz de lo que muchos defienden en privado: que Bárcenas debería «meditar» sobre su continuidad al frente del control de las finanzas, con independencia de que mantenga su acta como senador. «Debe pensarlo él, y no debe pasar ese asunto a una instancia superior del partido. Debería ser su reflexión personal», defendió Pujalte.