Interior desautoriza a Blanco por revelar los escoltas de Aznar

Si el propósito del ministro de Fomento, José Blanco, era convertir al ex presidente Aznar en protagonista de esta recta final de la campaña, aunque sólo fuese con el objetivo de buscar la movilización de su electorado más radical, puede decirse que lo ha conseguido. Aunque a costa del rapapolvo de sindicatos policiales, de la dura respuesta de FAES y del PP y, lo más importante, de la desautorización del propio Ministerio del Interior.
Cuando quedan cuatro días para la cita con las urnas, y en un momento en el que tanto Ferraz como Génova creen que la partida sigue en el aire, la última interferencia en una campaña de las más sucias que se recuerdan ha sido la revelación de Blanco sobre los 51 agentes dedicados a la seguridad de Aznar. Con ese dinero –según ironizó– se «podrían pagar bastantes trajes», con lo que de paso metía en el barrizal de la campaña el «caso Gürtel» y el nombre de Francisco Camps.
En una nota sin precedentes, el departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba aclaró a media tarde que el Gobierno asume la responsabilidad de la seguridad de los presidentes y ex presidentes, «y la ejerce con todos los medios que se consideran necesarios en cada caso y en los términos que los propios servicios de seguridad establecen». «Es una tarea de las Fuerzas de Seguridad que debe ser respetada siempre por todos», añade el comunicado. El pronunciamiento de Interior prueba el malestar interno y entre las Fuerzas de Seguridad por la filtración de datos sensibles sobre los que se exige la máxima reserva. De hecho, los sindicatos policiales, el SUP y el CEP, coincidieron en desmarcarse de las declaraciones de Blanco. Ante la polémica, fuentes oficiales de Moncloa también aclararon que el dispositivo de protección del presidente y de los ex presidentes «se fija con los mismos criterios por parte de los responsables de seguridad de la Presidencia del Gobierno», y no se informa de ellos por razones de seguridad. Ése fue precisamente el argumento al que se aferró anoche José Luis Rodríguez Zapatero para no pronunciarse ni sobre este asunto ni en relación a su uso del Falcon. «La seguridad es algo muy serio y debe tratarse con la máxima responsabilidad», sostuvo en Telecinco. Aznar, por su parte, respondió con otra dura nota de FAES en la que exigía una «rectificación urgente y total» al ministro por su «imprudencia temeraria, nunca antes cometida en la historia de la democracia española». De «lamentables e irresponsables» tachó las palabras del titular de Fomento. «Resulta profundamente incoherente que el señor Blanco critique el dispositivo de seguridad del ex presidente Aznar cuando fue él mismo quien hace pocos días argumentó, con escaso éxito, que el uso de aviones por parte del señor Rodríguez Zapatero con fines electorales se justificaba por razones de seguridad», sostenía el comunicado de FAES.
La polémica sobre el uso de un avión militar por parte del jefe del Ejecutivo para acudir a los mítines del PSOE ha sido uno de los ejes centrales del argumentario de los populares en esta segunda semana de campaña. Y ayer la cúpula, que ha evitado hacer campaña con Aznar, sí se movilizó en bloque para aprovechar el resbalón dialéctico del «número dos» socialista. Incluso lo llevarán al Parlamento, ya que, según anunció la portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, el Grupo Popular pedirá la comparecencia de la vicepresidenta De la Vega para que explique si cualquier dirigente del PSOE tiene acceso a «datos sensibles» de la seguridad de los ex presidentes.

«Último acto zafio»
Rajoy acusó al PSOE de superar todos los límites. «Ha sido el último acto zafio de una campaña marcada por la desmesura y por la falta de maneras. Blanco ha superado los límites de la actividad política», argumentó el líder popular. De faena electoral en Murcia, donde lo que importa es el agua, se posicionó en contra de la caducidad del trasvase Tajo-Segura. Hoy visitará Castilla-La Mancha, donde el PP votó a favor del Estatuto que pone fin a ese trasvase.

Una decisión que depende de Moncloa
El Departamento de Seguridad de Moncloa es el encargado de diseñar las medidas de seguridad de los ex presidentes del Gobierno y de asignar un número determinado de agentes a su escolta. Los ex presidentes Felipe González y José María Aznar, con una intensa actividad, tienen un número muy similar de miembros de las Fuerzas de Seguridad destinados a su protección y a la de su familia. Adolfo Suárez, recluido en su domicilio por enfermedad, tiene un dispositivo menor.