La prevaricación de Garzón

De manera totalmente inesperada, ha aceptado el Tribunal Supremo una querella del sindicato Manos Limpias contra el juez Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación y se ha armado la de San Quintín. El texto de la querella -jurídicamente muy preciso- sostiene que Garzón organizó toda la barahúnda de la mal llamada Memoria Histórica a sabiendas de que la resolución que adoptaba era injusta y, por tanto, habría incurrido por definición en un delito de prevaricación. A partir de ahí, uno esperaría que los partidarios de Garzón hubieran articulado su defensa en términos igualmente jurídicos, pero la realidad es que se han dedicado únicamente a cargar contra el responsable del sindicato Manos Limpias y contra alguno de los magistrados del Tribunal Supremo, como Adolfo Prego, del que se puede decir que si algo le caracteriza es la imparcialidad y un conocimiento jurídico muy, pero que muy por encima, de no pocos magistrados y ministros de Justicia. El inicio del ataque político lo comenzó la izquierda secundada por los nacionalismos y no es extraño porque tanto la una como los otros no consiguen meterse en la mollera que existe una cosa que se llama legalidad que debe ser respetada por todos. Así, Llamazares señaló que se trataba de una venganza contra Garzón por querer juzgar el franquismo y el PNV se santiguó farisaicamente como tiene por costumbre quizá porque recuerda que Manos Limpias también consiguió la imputación del después condenado Atucha, preclaro ejemplo de cómo el nacionalismo se lava las manos ante ETA y luego se las seca con la ley. Las terminales mediáticas de los nacionalismos y de las izquierdas se lanzaron inmediatamente al ataque dando muestra de esa vocación de comisarios políticos que las caracteriza. Tanto el Sindicato Manos Limpias como el magistrado se han visto sometidos -como antaño Alcaraz u hogaño Federico Jiménez Losantos- a una ceremonia de flagelación y coronación de espinas no porque hubieran incurrido en falta alguna sino porque habían cometido la terrible osadía de señalar que el emperador iba por la calle como su madre lo había traído al mundo. En el caso de Prisa especialmente, lo expuesto por sus medios ha resultado conmovedor porque si, efectivamente, todos los que tuvieron algo que ver con el franquismo debieran ser arrojados a las tinieblas externas, Polanco sólo podría contar con oprobio perpetuo y Juan Luis Cebrián estaría pensándose a estas alturas si se suicidaba o se metía en la trapa. Guste o no a los partidarios de retorcer la Ley siguiendo prejuicios ideológicos aquí sólo hay una cuestión: ¿dictó Garzón resolución alguna - sobre la Memoria Histórica, sobre ETA, sobre las divisas de los toros de la feria de abril, sobre los semáforos¿- a sabiendas de que era contraria a la Ley? Si la respuesta es negativa, sea cual sea el asunto, se archiva la querella y a otra cosa. Si es afirmativa -porque, entre otras cosas, se supone que Garzón conoce la Ley y porque, por añadidura, así se lo indicó la Fiscalía- entonces la única salida es condenar al magistrado y que cumpla como todo hijo de vecino. Eso sí, que previamente se le suspenda en el ejercicio de sus funciones como a otros jueces. Lo demás es agitación y propaganda de la peor especie impulsada -mira tú por donde- por no pocos cachorros del franquismo.