Las Comunidades Autónomas critican la vaguedad del modelo pero valoran el aumento de autonomía financiera

La mayoría de las Comunidades Autónomas han considerado un «avance» el aumento de la autonomía financiera y la equidad en el acceso a los servicios públicos que se derivan del nuevo modelo de financiación presentado hoy por el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, aunque han criticado que aún faltan aspectos por concretar. Según ha explicado Solbes, el documento -que aún puede sufrir modificaciones- permitirá a las comunidades depender menos del Estado, contará con fondos de convergencia para compensar a las más débiles y tendrá nuevos criterios de ajuste de la población, además de cumplir con todos los estatutos de autonomía.
Con este último aspecto no se ha mostrado de acuerdo el conseller catalán de Economía, Antoni Castells, quien ha afirmado que aún no está garantizado que se cumpla el Estatuto catalán en asuntos clave.
Castells ha sido además uno de los más críticos con la ambigüedad del documento, pues a su juicio no aporta «ni cifras, ni cuantías, ni porcentajes» en asuntos clave como la nivelación de los servicios básicos.
Al respecto, el conseller cree que el nuevo sistema no deja claro que «no se inviertan las posiciones» en la renta per cápita de las autonomías, una reivindicación esencial de Cataluña, que critica que tras pagar impuestos pierde peso relativo en ingresos pese a ser una de las autonomías que más aportan.
Por su parte, el secretario general de ERC, Joan Ridao, considera la propuesta del Gobierno «inaceptable» y «tramposa», además de que dinamita el Estatut porque «elimina la bilateralidad», mientras que el presidente de CiU, Artur Mas, ha denunciado el incumplimiento del plazo del 31 de diciembre.
El líder del PP, Mariano Rajoy, ha criticado la propuesta de Solbes porque pretende financiar a las autonomías con deuda pública, lo que supone «más impuestos para el futuro, menos dinero para la gente y menos posibilidad de crédito», en tanto que el secretario de Política Local y Autonómica del PP, Javier Arenas, ha pedido a Zapatero que cite a todos los presidentes autonómicos.
En una de las comunidades gobernadas por el PP, la Comunidad Valenciana, su secretario de Economía, José Manuel Vela, opina que el documento se ha presentado «quizá con precipitación», y que es, por tanto, «una declaración de intenciones muy preliminar que intenta satisfacer a todo el mundo».
Vela ha reconocido que el nuevo modelo recoge algunas de las «legítimas peticiones» de la Generalitat, como que se prime la variable poblacional, se eliminen las modulaciones y se suavicen las diferencias de financiación per cápita, un aspecto que la mayoría de las CCAA han calificado como positivo y solidario.
Sin embargo, el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, han insistido en que falta por saber si la distribución per cápita va a ser la misma para las comunidades ricas que para las más pobres como la murciana, y si se hará frente al reconocimiento de deuda.
La equidad en el acceso a los servicios públicos esenciales también ha sido valorada por la vicepresidenta y responsable de Economía de Castilla-La Mancha, María Luisa Araújo, quien ve con buenos ojos que se incluyan variables como la superficie territorial, el incremento, la dispersión o el envejecimiento de la población, factores que también responden a la demanda de Aragón, Cantabria, Asturias y Galicia, entre otras.
Además, el presidente de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, ha subrayado que, una vez se tengan en cuenta las distintas ponderaciones, también habrá «recursos adicionales» para políticas de normalización lingüística y para la acogida de flujos migratorios.
Entre los detractores del documento está la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, quien ha considerado que además de ser «incompleto» es «un fiel reflejo del Estatuto de Cataluña», ya que «calca» los porcentajes que recoge la norma catalana.
El vicepresidente económico de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, cree que el borrador presentado por el Gobierno es un comienzo «alentador» para el acuerdo final y que servirá para «fortalecer» el Estado de Bienestar social.
Por otro lado, el presidente del Gobierno Balear, Francesc Antich, ha dicho que el documento recoge «todos los requerimientos que Baleares ha hecho durante la negociación».
En virtud del nuevo modelo, el 90 por ciento de los recursos de las CCAA procederá de impuestos cedidos parcial o totalmente por el Gobierno central, frente al 70 por ciento actual.
No obstante, para el consejero de Economía y Hacienda de Canarias, José Manuel Soria, «de poco sirve aumentar los tributos cedidos, si al mismo tiempo disminuyen las transferencias del Estado a Canarias».
Entre otras objeciones está la del presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, quien ha instado al Gobierno a que «afine la terminología» que puede llevar a confusiones, como en el caso del esfuerzo fiscal.
Madrid y La Rioja no han emitido todavía una valoración oficial. El presidente riojano, Pedro Sanz, informará de su postura en una rueda de prensa el día 2 de enero, y la Comunidad de Madrid tiene previsto hacerlo mañana.
Tampoco hay reacciones del País Vasco y Navarra, ya que estas dos comunidades no se ven afectadas por el nuevo modelo de financiación autonómica, pues están reguladas el País Vasco por un concierto económico y Navarra por un convenio económico.