Las exhumaciones después de Garzón

MADRID- La decisión del juez Baltasar Garzón de dar carpetazo a su competencia en la investigación de los desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo abre un incierto horizonte a las reclamaciones de las asociaciones de recuperación de la memoria histórica en los juzgados territoriales. Allí deben llegar por una u otra vía las causas sobre las exhumaciones autorizadas por el magistrado en 62 puntos de la geografía española, lo que permite atisbar una más que probable disparidad de criterio entre los jueces, lo que no hará sino enmarañar aún más unas decisiones ya de por sí envueltas en la controversia. En primer lugar, todavía es aventurado determinar cuándo llegarán esas causas a los juzgados ordinarios competentes. Paradójicamente, si las asociaciones personadas en el sumario instruido por Garzón recurren la decisión del juez de no declararse competente, el auto del magistrado no adquiriría firmeza y ese «traspaso» se ralentizaría. Tampoco conviene perder de vista el papel de la Sala de lo Penal de la Audiencia, que debe decidir -previsiblemente la próxima semana- si deja las cosas como están (dando por bueno que haya sido el propio Garzón quien haya dado carpetazo al caso aunque procesalmente no le correspondiese) o entra en el fondo del asunto. En este último caso, no sería de extrañar que terminase por declarar la nulidad de las actuaciones ordenadas por el juez, lo que obligaría a las asociaciones y a familiares de los desaparecidos a partir de cero ante el juzgado correspondiente porque, al anularse todas las diligencias practicadas, no habría causas que traspasar. Otra de las incógnitas reside en el papel que adoptará la Fiscalía a partir de ahora. El Ministerio Público ha negado en todo momento -en su mano a mano con Garzón- que el juez fuese competente para investigar penalmente esos hechos, argumentando que han prescrito y que la Ley de Amnistía impide enjuiciarlos. No obstante, la Fiscalía se muestra partidaria de la apertura de las fosas, aunque cree que el cauce para realizar las exhumaciones debe ser la Ley de Memoria Histórica, que ya prevé estas tareas y garantiza el apoyo de la Administración. En su auto, Garzón declaraba extinguida la responsabilidad de Franco y de los otros 44 imputados, todos fallecidos, pero marcó el camino a los jueces territoriales para mantener abierta la vía penal. «Que una investigación sea difícil no significa que sea imposible», aseguraba. Y añadía: «Ahora se trata de delimitar los aspectos concretos y particulares que puedan ser objeto de investigación» en las jurisdicciones competentes. Difícil, pero no imposible El meollo de la cuestión lo apuntaba unas líneas más adelante. «Es difícil que existan autores vivos, posiblemente, pero no imposible en vista de que existen víctimas vivas». Es decir, fallecidos los supuestos máximos responsables, anima a sus compañeros a dar con quienes tuvieron algún tipo de responsabilidad en escalas intermedias. «Será una cuestión diferente -reconocía en su resolución- la del enjuiciamiento en función de la edad, pero no válida para impedir que se investigue». Para Garzón está claro que la Ley de Memoria Histórica no puede usurpar el terreno reservado a la jurisdicción penal dado que, en su opinión, el delito de desaparición de personas sin dar razón del paradero es de carácter permanente y sus efectos se siguen produciendo, por lo que no puede renunciarse a su persecución. Con estas premisas, los jueces que deban decidir sobre las exhumaciones podrán optar por archivar las peticiones (al considerar que no hay responsables vivos contra los que dirigir la acción penal), dar el visto bueno a las investigaciones o, por el contrario, remitirlas a la vía administrativa. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Cataluña, María Eugenia Alegret, ya dejó entrever hace unos días que «si los autores están muertos para Madrid, también lo estarán» para Barcelona, Tarragona o Lérida.