Lección ciudadana

Fracasaron. La «cacería» dirigida contra el PP por el juez Garzón y jaleada por el ex ministro de Justicia, Fernández Bermejo, no dio sus frutos en Galicia. La planificación de unas semanas antes de las elecciones, muchos opinan que la hubo, no pudo frenar la dinámica alcista del popular Alberto Núñez Feijóo. He vivido «in situ» el fin de campaña en esa maravillosa tierra y he comprobado el esfuerzo titánico de todos los partidos por conseguir el último voto, ya que las encuestas presagiaban resultados apretados. Definitivamente los gallegos han juzgado la mala gestión de nacionalistas y socialistas y han «pasado» de las imputaciones filtradas a algún medio de comunicación relacionando al PP con una trama de corrupción. Por el contrario, sí tuvieron en cuenta la separación de los problemas reales y los derroches de sus gobernantes, como el de Touriño –2,2 millones de euros en reformar su despacho y el área de Presidencia– o como el del sospechoso paseo «viento en popa» del vicepresidente de la Xunta, el nacionalista Anxo Quintana, en el lujoso barco del empresario, al que unas semanas después iba a adjudicarle un contrato eólico de 14 millones de euros. Una buena lección ciudadana para las fiscalías. Es curioso que a ninguna le importen esos «affaires». ¿Qué hubiera sucedido si esa imagen la hubiera protagonizado el vicepresidente de un Gobierno del PP? Aunque hay que esperar al recuento de los votos de inmigrantes, que incluyen hasta los nietos que ni siquiera conocen Galicia gracias a una fórmula legal bien estudiada por la izquierda, parece que los votantes gallegos han dado prioridad a la ausencia de soluciones para la crisis, con cifras de paro alarmantes y para cuya coyuntura el Gobierno de Touriño sólo ha mostrado fórmulas de gasto suntuario. A los gallegos les ha importado más el dispendio de sus gobernantes y las remodelaciones de plantilla o los ERE que las campañas propagandísticas contra el PP. Eso es democracia. Aun así, no me resisto a plantear una preocupación personal. Habría sido un atentado a la democracia si hubiera existido una planificación desde la connivencia de la Justicia y el Gobierno de la nación y su partido, el PSOE, para influir en la voluntad de los ciudadanos.