Luz verde de PSC CiU y ERC a la ley que blinda el catalán en las aulas

BARCELONA- La Comisión de Educación y Universidades del Parlament aprobó ayer el proyecto de la Ley de Educación de Cataluña (LEC), en un paso más hacia el plenario que debe dar luz verde para su aprobación definitiva. Esta normativa permitirá el blindaje de la «inmersión lingüística» en las escuelas. PSC, ERC y CiU son los valedores de esta polémica ley. Las votaciones se realizaron a partes muy concretas, pero finalmente el proyecto de ley superó el último paso antes de someterse al pleno del Parlament, que tendrá lugar a principios de junio. Durante las intervenciones, la diputada de CiU Irene Rigau destacó que es la primera vez que «casi un gobierno entero» -ICV es contraria- y el principal partido de la oposición alcanzan un acuerdo sobre una ley educativa. El diputado de ERC Josep Maria Freixenet definió la LEC como un texto «catalanista». Llamamiento a la familias Por su parte, la diputada de ICV Dolors Camats anunció su voto positivo hacia asuntos como «la escuela catalana y la gestión municipalista». Sin embargo, volvió a criticar que «la LEC no resuelve, a su juicio, la exigencia de responsabilidades a las escuelas concertadas y públicas, cometido para el que se realizó el Pacto Nacional por la Educación».Para el diputado del PP Rafael López, la LEC «no se ha realizado en el Parlament, es una invasión del poder ejecutivo en el legislativo». «La ley - de Educación de Cataluña- restringe gravemente la libertad de enseñanza de los hijos y aumentará el fracaso escolar de aquellos cuya lengua materna no es el catalán», denuncia la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) en un comunicado. Por este motivo, la entidad insta a las familias a movilizarse contra la futura Ley de Educación. Están llamadas a mostrar su descontento todas las familias españolas. Ya que del texto «subyace la pretensión de cambiar un estado sin que el resto de ciudadanos tenga opción alguna», lamenta la Concapa. Según ésta, la ley supondrá «una segregación anticonstitucional por razón de la lengua» en contra de alumnos y profesores, y diferenciará a los «malos catalanes» de los «buenos catalanes».