Una sanción no una solución

Nos encontramos ante un nuevo Consejo General del Poder Judicial sometido a una fuerte presión y al que no se le han dado ni los cien días que normalmente reclaman los políticos cuando comienzan su gestión El Tribunal Constitucional 108/1986 de 29 de junio de 1986 sancionaba lo siguiente: «... las funciones que obligadamente ha de asumir el Consejo son aquellas que más pueden servir al Gobierno para intentar influir sobre los Tribunales: de un lado, el posible favorecimiento de algunos Jueces por medio de nombramientos y ascensos; de otra parte, las eventuales molestias y perjuicios que podrían sufrir con la inspección y la imposición de sanciones. La finalidad del Consejo es, pues, privar al Gobierno de esas funciones y transferirlas a un órgano autónomo y separado...». En momentos como los actuales conviene recordar aspectos tan básicos como estos para que nunca se nos olviden, incluso bajo una pretendida mayor legitimidad de aquellos que se entienden más justos y menos arbitrarios, sobre la base de la legítima, pero a veces no acertada critica a cualquier decisión de un Órgano Constitucional en una Democracia. Hace poco hemos asistido a la dimisión de un Gobierno extranjero por intentar presionar a unos jueces, en una decisión, que, quien sabe, en la que a lo mejor era más oportuno lo que quería el Gobierno, que lo debían decidir los jueces. Una Democracia en la que la Ley se coloca por debajo de la oportunidad, comienza poco a poco a morir. De nuevo, el desgraciado caso Mariluz ha vuelto a cobra actualidad como consecuencia de la confirmación de la sanción impuesta al Juez Tirado, dándose la coyuntura de que tal confirmación la ha realizado un Pleno del Consejo del Poder Judicial conformado por una nueva composición. Desde que se adoptó la primera decisión, éramos conscientes de la repercusión social que iba a tener y de las críticas que iba a merecer la misma, porque no se podía evitar una opinión pública consternada por el vil asesinato de una pobre niña, Mariluz, envuelto en un clamoroso y general fallo del sistema. Ahora bien convenía también desde su inicio tratar el tema con objetividad y eficacia, y no alinearse con la demagogia de los sentimientos, por más justificados que estén. Sin olvidar, por que a veces se olvida, que el presunto responsable del hecho es el que lo causó y sólo él, no cabe duda de que en este suceso, se da cita uno de los mayores fracasos de nuestro modelo de justicia en su conjunto, en el que en una parte puede ser la responsabilidad de un juez. Desde el principio hubo mucho interés en centrar de forma exclusiva sobre el Juez la única responsabilidad en el asunto. Hemos encontrado la causa del luctuoso hecho «Mariluz no hubiera muerto si el juez hubiera cumplido sus responsabilidades». Pero poco a poco, se comenzaron a conocer más detalles, tales como el penoso sistema existente en la justicia española sobre la gestión del conocimiento, con unos déficits informáticos serios; oficinas judiciales atestadas de expedientes sin los medios suficientes para actualizarlos, personal interino poco cualificado. Y lo más paradigmático, un sistema legal penal que si hubiera funcionado con corrección y prontitud, hubiera permitido un cumplimiento de pena del presunto agresor, compatible con su excarcelación, más o menos, en la época en la que se produce el asesinato de Mariluz. No cabe duda de que esta coyuntura no justifica ninguna negligencia, pero tampoco se puede pretender hacer responsable al juez de todo un generalizado mal funcionamiento de la justicia. Mientras tanto, nos encontramos ante un nuevo Consejo General del Poder Judicial, sometido a una fuerte presión y al que no se le han dado ni los cien días, que normalmente reclaman los políticos cuando comienzan su gestión, un Consejo que en estos momentos está sufriendo furibundos ataques y duras descalificaciones. La crítica en democracia no sólo es posible, sino deseable, y además constituye un sano ejercicio, pero cuando provienen de responsables públicos deben acomodarse a unos cánones una minina racionalidad, y en su consecuencia, nunca deben caer en la descalificación y en el insulto. En cualquier caso cuando las decisiones se adoptan con el respaldo de la ley, y sobre todo con el de la responsabilidad y seriedad, la tranquilidad de ánimo que genera en quienes las adoptan les hace inmunes a las descalificaciones e insultos, en última instancia el Tribunal Supremo dará o quitará razón y a ello se debería esperar. Situaciones como las vividas en España, también se han producido en otros países, donde desapariciones y asesinatos de menores fueron fruto de falta de medios, de descoordinación, y dosis de negligencia profesional, pero supieron analizar convenientemente todo lo que falló y buscaron soluciones y no solo sanciones (por ejem. la ley Megan, del mismo nombre que la desgraciada victima Megan Kanka). En España ya se ha reconocido el defectuoso sistema legal penal, puesto que se ha propuesto una reforma del código penal, se ha propuesto la creación de registros de actuaciones judiciales, pero no es suficiente. En este caso hay responsabilidades que no pueden esconderse tras la sola y exclusiva del Juez, esto sería sólo parte del problema y nada de la solución. Estoy convencido de que las descalificaciones e insultos, no son malintencionadas, sino fruto de la impotencia generada por casos como el de Mariluz, pero en modo pueden servir para deslegitimar a los Jueces, ni a su Órgano de Gobierno. «El juez es una ley que habla y la ley un juez mudo, la ley debe ser como la muerte, que no perdona a nadie», nos recordaba Montesquieau. Enrique López es magistrado