18.000 bombas de relojería en Estados Unidos

Los veteranos y los soldados expulsados que no logran reinsertarse en la sociedad se han convertido en un problema de primer orden.

Devin Patrick Kelley no es el primer ex militar que protagoniza un tiroteo contra civiles. Por ejemplo, el 6 de enero, Esteban Santiago abrió fuego con su pistola en la recogida de equipajes del aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida. Mató a cinco personas e hirió de gravedad a otras seis. Santiago llegó incluso a estar desplegado en Irak. Pero al igual que Kelley fue relegado y expulsado del Ejército.

Kelley tuvo un juicio marcial y hasta entró en la cárcel militar por maltratar a su esposa e hijo. Se alistó en el Ejército en 2010 y sirvió en la base aérea de Holloman, en Nuevo México. Tras ser sentenciado a dos años de cárcel en octubre de 2012, dejó las Fuerzas Armadas en 2014 por la puerta trasera. Sin oficio, ahora Kelley se consideraba a sí mismo como un «docente de estudios bíblicos para niños de corta edad» que estaba muy orgulloso de su rifle, como revelan sus últimas publicaciones en Face-book. El 29 de octubre, junto a su imagen, apodó al arma como algunas raperas se llaman a sí mismas: «Bad bitch» (mala puta). Kelley compró su arma semi-automática en Academy Sports & Outdoors, una tienda en San Antonio, a pesar de sus antecedentes penales. Los agentes describieron el arma homicida como un Ruger AR-556, un rifle de asalto similar al que se usa en el Ejército americano.

Con las 26 nuevas víctimas aún sin enterrar, algunos estadounidenses se preguntan si no debería controlarse más el acceso a armas a los ex militares que aprendieron a manejar armamento sofisticado y ya no forman parte de las Fuerzas Armadas. «Sí, deberían, pero no se hace», confiesa a LA RAZÓN el profesor Lucas A. Powe, de la Universidad de Texas. Powe incide en que un convicto por violencia doméstica no tendría que haber sido capaz de comprar un arma. «The New York Times» abordó el asunto el año pasado, hallando que si bien los veteranos son sólo el 13% de la población adulta, más de un tercio de los perpetradores de las peores matanzas desde 1984 eran militares. «Está claro que, en la etiología de los tiroteos masivos, haber estado en las Fuerzas Armadas es un importante factor de riesgo».

Los expulsados del Ejército también suponen un problema. Muchos se quedan traumatizados por haber estado en la guerra con todas las experiencias que ello incluye o se deprimen tras dejar atrás el orden y la disciplina de los cuarteles. Sin embargo, muchos no tienen derecho a ayuda sanitaria o mental, a becas para estudiar o a programas de rehabilitación para reciclarse en un nuevo trabajo. Según cifras del Pentágono, cada año unos 18.000 dejan el Ejército con deshonra.