El fraude en la PAC agita la batalla presupuestaria en la UE

Vuelve a ser la madre de todas las batallas. La escenificación de todas las fracturas. Norte y Sur y Este y oeste vuelven a pelearse a la hora de cerrar las cuentas de la UE para el próximo periodo presupuestario 2021-2027 en una lucha encarnizada que tiene, a priori, dos principales víctimas: los fondos que reciben las regiones europeas y la Política Agrícola Común (PAC).

En medio de esta guerra, un reportaje publicado por el «New York Times» alerta de que los 58.000 millones de euros de la PAC para este periodo están yendo a parar a los grandes terratenientes agrícolas en detrimento de los pequeños agricultores y que en varios países del Este se han detectado graves irregularidades.

Presuntamente, en República Checa, estas ayudas han ido a parar a la empresas que posee el primer ministro, Andrej Babis, (37,6 millones de euros) y en Hungría su homólogo, Viktor Orban, ha puesto en marcha una red clientelar para beneficiar a sus allegados. El reportaje también cita casos como el del Rasputín de Boris Johnson, Dominic Cummings, uno de los grandes beneficiados de las ayudas agrícolas europeas en su país a pesar de ser el principal artífice de que los británicos acabaron diciendo «sí» a la salida de la UE.

Bruselas insiste en que estos son casos aislados y en que el Ejecutivo comunitario tiene «tolerancia cero» hacía la corrupción. La Oficina Europea de Lucha contra el fraude (OLAF) ya está estudiando estas acusaciones y recalca que la correcta ejecución de los fondos europeos recae en los Gobiernos nacionales.

En pleno debate sobre el nuevo marco financiero, Bruselas no se plantea introducir ningún cambio a pesar de que los casos de corrupción ligados a fondos europeos pueden aumentar el euroescepticismo en algunos países y agriar la batalla entre los partidarios de reducir el presupuesto europeo y aquellos que quieren aumentarlo. En este último grupo se encuentran los países del Este, los grandes beneficiados de los fondos regionales y agrícolas, a pesar de su deriva euroescéptica. Alemania y Países Bajos, sin embargo, lideran la cruzada a favor de reducir sus aportaciones a la hucha común tras la marcha de Reino Unido. Precisamente, el supuesto despilfarro en la asignación los fondos europeos fue uno de los argumentos de los «brexiters».

A pesar de estas acusaciones, la supervisión existe. Bruselas realiza sus propias auditorias sobre la gestión de los fondos y actualmente estos controles se están llevando a cabo en República Checa y Hungría. Según el informe del Tribunal de Cuentas Europeo, el año pasado tan solo se detectó fraude en un 2% de casos y si las acusaciones sobre Praga y Budapest se demuestran fundadas, el Ejecutivo bloqueará los fondos de manera inmediata. Bruselas quiere demostrar que no se queda de brazos cruzados, pero que resulta injusto presentar las subvenciones agrícolas como un nido de corrupción.

Las asociaciones de agrícolas mantienen que estas denuncias no son casos extrapolables al resto de los países. «Sobre si se puede proceder a los pagos sorteando a los Gobiernos para evitar corrupción: en España el organismo pagador es un ejemplo de buen funcionamiento y estamos contento con su funcionamiento. No se puede poner en tela de juicio toda la PAC o los organismos pagadores por culpa de unos casos aislados», asegura José María Castilla, director de la oficina de Asaja en Bruselas.

La presunta opacidad sobe los receptores de subvenciones agrícolas no es nueva. Para paliar esta deficiencia, nuevos reglamentos en 2013 y 2014 obligan a todos los países a publicar la lista de beneficiados con nombres y apellidos en el caso de las personas físicas, la razón social para las personas jurídicas y el nombre completo de la asociación si es una asociación sin personalidad jurídica. Quedan exentos de esta norma de transparencia las personas físicas beneficiadas con una cantidad menor o igual a 1.250 euros en el ejercicio. En España, esta información aparece disponible en web del Fondo Español de Garantía Agraria.

Isabel II y la Casa de Alba

Otro debate muy distinto es el reparto de estas ayudas. No es la primera vez que se achaca a la PAC el beneficiar a los grandes terratenientes. Según un informe de Greenpeace de 2016, la reina Isabel II de Inglaterra y parte de la nobleza británica se lucran con estos subsidios. En el caso de España, sindicatos agrícolas también han denunciado la recepción de fondos por parte de la Casa de Alba o la familia Domecq. Castilla reconoce que es cierta la máxima de que el 20% de los agricultores recibe el 80% de los fondos, pero cree que estos términos son un «debate demagogo», ya que este 20% es el que produce el 80% de los alimentos. Para Asaja, no se pueden poner techo a los fondos que se utilizan para aquellos agricultores que luchan contra el cambio climático o crean empleo en zonas despobladas dónde establecer economías de escala es muy importante.

La liberalización de la política agrícola común también ha propiciado cierta picaresca. Actualmente los pagos ya no están ligados a la producción, sino a la mera propiedad de la tierra con el objetivo de evitar la superproducción y la caída de los precios. Esto permite que se puedan beneficiar de subsidios terrenos que no están cultivados y, en determinados casos, esto ha conllevado a que hayan recibido ayudas empresas con suelo agrícola pero que no se dedican a la agricultura, los «agricultores de sofá».

Desde el año 2015, es obligatorio demostrar no solo que se poseen tierras, sino que también se lleva a cabo en las mimas una labor comercial y que, al menos, el 20% de los ingresos agrarios proceden de ella. En 2015, el tribunal de cuentas europeo informó de que un español había recibido el año anterior subvenciones agrícolas para un terreno que se dedicaba a una pista de motocross.