El chavismo aumenta la presión para torpedear el Parlamento venezolano

No importa que el discurso oficial asegure que la Asamblea Nacional está en «desacato» e inhabilitada para actuar. Tampoco que afirmen que Juan Guaidó, quien la encabeza y es considerado el legítimo presidente encargado del país, se ha quedado solo, sin apoyos políticos ni populares. El chavismo continúa igual atentando contra el parlamento. La piedra en su zapato.

Esta semana, el Tribunal Supremo, que controla Nicolás Maduro, ha ordenado que la inmunidad parlamentaria de otros cuatro legisladores sea allanada para enjuiciarlos por rebelión y traición a la patria. El Tribunal Supremo de Justicia y la asamblea nacional constituyente aprobaron la apertura de un juicio en tribunales ordinarios. Despojarán de su inmunidad parlamentaria a los diputados Jorge Millán, Hernán Alemán, Carlos Lozano y Luis Stefanelli por un supuesto delito de traición.

Así, se llega a un total de 30 diputados señalados, de los cuales 23 son titulares. La gran mayoría de ellos está ahora en el exilio, y otros están sometidos a juicio, incluyendo al primer vicepresidente del Legislativo, Edgar Zambrano.

La idea del chavismo es seguir anulando la capacidad operativa de la Asamblea, que el 5 de enero próximo debe votar la reelección de Guaidó como su presidente y, por tanto, como «interino» del país. Hasta ahora, el oficialismo ha acentuado las diferencias internas de la oposición y, según denuncian los partidos mayoritarios de la alianza antichavista, intentado comprar voluntades.

Guaidó respondiendo asegurando que «la dictadura busca aniquilar a la oposición físicamente(...) lo han hecho ilegalizando partidos políticos, allanando este recinto (de la AN) dos veces de manera violenta y violando inmunidades parlamentarias con un ente que no existe que es la asamblea nacional constituyente (compuesta solo por chavistas)».

Henry Ramos, uno de los diputados históricos, ha explicado que «se está utilizando el allanamiento de la inmunidad parlamentaria porque estos diputados no tienen suplentes. Esto es un voto menos para el 5 de enero».

La respuesta del parlamento ha ocurrido este martes cuando Juan Guaidó convocó una sesión extraordinaria al término de la primera reunión, la última del año en plenaria, para debatir la modificación del reglamento de interior y debate. El objetivo es permitir el voto desde el extranjero de quienes no estén presentes en el hemiciclo. Una propuesta que viene cocinándose desde hace tres meses, al menos, y que el chavismo ha calificado como inconstitucional, al retirar a sus diputados del recinto.

La propuesta fue aprobada por unanimidad de los presentes, y permitirá que en la primera sesión de 2020 Guaidó sea ratificado en su cargo, a pesar del rechazo de grupos dentro de la misma oposición. En paralelo, el diputado en el exilio Luis Florido, quien permanece en Europa, dio a conocer ayere que se reunió con Edita Hrdá, directora para las Américas del Servicio Exterior Europeo. El encuentro tuvo la finalidad de dar a conocer la intención de disolución del Parlamento por parte del régimen de Nicolás Maduro.

La Asamblea avanza lentamente en el proceso para nombrar la directiva de un nuevo poder electoral. Pero ahora el chavismo podría bloquear el proceso y optar por aferrarse al «desacato» para que la designación ocurra por omisión legislativa directamente en el Supremo, como ha ocurrido en los últimos 10 años.

El caso Requesens

Por otro lado, prosigue la presión exterior al régimen chavista. La oficina del Alto Representante de Política Exterior, Josep Borrell, ha reclamado investigaciones transparentes y un «juicio justo» para los opositores detenidos en Venezuela y, en particular, ha denunciado «irregularidades» en el proceso contra el diputado Juan Requesens y otros detenidos por el ataque contra Maduro, y en las investigaciones sobre Roberto Marrero, jefe de gabinete del presidente de Guaidó.

En el caso de Requesens, su arresto «fue una clara violación de su inmunidad parlamentaria», ha advertido. La UE «lamenta que el juicio, hasta ahora, no ha proporcionado las garantías adecuadas de transparencia y debido proceso».