EE UU ofrece cinco millones por información sobre otro funcionario venezolano

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado hoy sanciones contra cuatro empresas navieras propietarias de otros tantos petroleros por facilitar al régimen de Nicolás Maduro el “robo” del crudo venezolano, en una nueva medida de presión contra el Gobierno de Venezuela.

Mientras Maduro anunciaba un viaje a Irán para firmar nuevas colaboraciones con los ayatolás, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicaba las nuevas sanciones. Así, la firma griega Seacomber y la bahameña Seahero, así como a Afranav Maritime y Adamant Maritime, de las Islas Marshall, han sido sancionadas por EE UU debido al envío de petroleros a Venezuela en febrero y abril de este año.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha recriminado en Twitter a estas cuatro empresas “su papel al facilitar el robo de petróleo venezolano por parte del régimen de Maduro”. “Estas sanciones aíslan aún más al régimen de Maduro y son otro paso más para lograr la libertad y la prosperidad del pueblo de Venezuela”, ha afirmado.

Según recoge la agencia Europa Press, por su parte, el secretario del Tesoro estadounidense, Steven T. Mnuchin, ha asegurado que el Gobierno venezolano se aprovecha de compañías como estas “para seguir aprovechándose de los recursos naturales de Venezuela” para beneficio de un régimen que considera “corrupto”. Este tipo de abusos, ha añadido, “contribuyen al sufrimiento del pueblo venezolano”.

Cinco millones de dólares

Horas antes, en la madrugada del lunes, Estados Unidos había ofrecido una recompensa de cinco millones de dólares a cambio de información que permita “arrestar y/o condenar” a Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho, el superintendente de SUNACRIP, la Superintendencia Nacional de Criptomonedas de Venezuela, por participar en “el crimen organizado transnacional”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha explicado en un comunicado que Ramírez Camacho, al mismo tiempo que ostenta cargos públicos, “ha violado la confianza pública conspirando para lavar fondos ilícitos obtenidos en Venezuela”.

Según la agencia liderada por Mike Pompeo, Rodríguez Camacho fue acusado de manera formal junto al ministro de Petróleo venezolano, Tareck el Aissami, de varios delitos transnacionales, incluido el blanqueo de capitales, en el distrito sur de Nueva York.

“Las personas de Venezuela merecen un Gobierno que hayan elegido libremente y cuyos oficiales no conspiren con aliados para participar en delitos de robo al pueblo” del país latinoamericano, ha criticado el Departamento de Estado, que ha insistido en que el país está comprometido con los venezolanos para “restaurar su democracia a través de elecciones presidenciales libres y justas”.

Como era de esperar, Venezuela ha rechazado las acusaciones sobre Ramírez, al que ha calificado de “compatriota insigne”, y ha especificado que se trata de “acusaciones infundadas, extraídas de un mediocre guión hollywoodiense”.

“Este nuevo ataque responde claramente a la intención de afectar directamente las políticas económicas con las que el pueblo venezolano hace frente al bloqueo criminal promovido desde el gobierno fascista de la Casa Blanca a través de sanciones ilegales”, ha señalado el Ministerio de Exteriores de Venezuela.

Jorge Arreza, titular de Exteriores, ha insistido en que Venezuela denuncia ante la comunidad internacional “este sistema de cínicos ataques del Gobierno de Donald Trump contra la seguridad e integridad de las instituciones venezolanas y sus funcionarios”.

Estados Unidos ha dictado numerosas sanciones contra Maduro y altos cargos venezolanos por narcotráfico, corrupción y violaciones de los Derechos Humanos. Washington es el principal valedor de Juan Guaidó en la comunidad internacional, al que reconoce como “presidente encargado” de Venezuela. Guaidó, que se arrogó este cargo en enero de 2019, ha prometido desahuciar a Maduro de Miraflores para dar paso a una transición democrática.