Pence defiende a Álvaro Uribe, a quien califica de “héroe”

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ha pedido este viernes la libertad del ex presidente colombiano Álvaro Uribey lo ha calificado como un “héroe”.

"Álvaro Uribe se encuentra bajo arresto domiciliario, nos unimos a las voces amantes de la libertad en todo el mundo para pedir a las autoridades colombianas que dejen a este héroe, que ha recibido la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos, defenderse como un hombre libre", ha trasladado Pence a través de su cuenta en la red social Twitter.

El vicepresidente ha trasladado también que ha podido hablar con el presidente colombiano, Iván Duque, y ha subrayado que, pese a pedir la liberación de Uribe, respeta las instituciones colombianas y su independencia.

“Hoy hablé con nuestro gran aliado el presidente Iván Duque de Colombia. El presidente, Donald Trump, y yo agradecemos nuestra alianza por la libertad en el hemisferio y nuestros esfuerzos conjuntos para combatir el tráfico de drogas”, sostuvo Pence.

Además, ha resaltado la unión para la "libertad" entre ambas naciones y los esfuerzos conjuntos para combatir el tráfico de drogas.

Según recoge Europa Press, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia ordenó el 4 de agosto poner bajo arresto domiciliario a Uribe en el marco del caso abierto contra él por supuesto fraude procesal y soborno de testigos, en lo que supone la primera vez en la historia del país en la que se impone una medida así a un antiguo jefe de Estado.

Uribe, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, recibió en 2009 la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos otorgada por el entonces presidente estadounidense George W. Bush.

El senador colombiano, cuya figura divide al país, tiene más de medio centenar de procesos abiertos en su contra por diversos delitos, en su mayoría vinculados a grupos paramilitares.

Los paramilitares de ultraderecha fueron grupos armados ilegales que surgieron en la década de 1980 financiados por ganaderos, terratenientes y comerciantes para protegerse de los ataques de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Estos grupos están acusados de cometer las peores violaciones a los Derechos Humanos en medio del conflicto interno de más de medio siglo que dejó 220.000 muertos y de estar activamente vinculados con el narcotráfico.