Las claves para entender por qué será juzgado el expresidente peruano Fujimori

La Justicia peruana ha fijado este lunes para primeros de marzo la audiencia contra el expresidente Alberto Fujirmori, quien ya cumple una sentencia de 25 años de cárcel por asesinato de 25 personas en 1992 y corrupción, como autor mediato (con dominio del hecho) en otro nuevo caso de homicidios ocurrido durante su gobierno (1990-2000).

Asimismo, la Corte Suprema ha ratificado su decisión de anular el derecho presidencial de gracia que se le otorgó en 2017, lo que permitió que Fujimori fuera juzgado por el asesinato de otras seis personas también en 1992 por el grupo militar encubierto Colina en la localidad costera de Pativilca y su responsabilidad en la esterilización forzosa de miles de mujeres indígenas llevadas a cabo durante sus diez años en Casa de Pizarro.

La vista había sido aplazada hace dos semanas después de que el proceso judicial no contara con intérpretes de una variante del quechua en el que se expresaban algunas de las víctimas que acudieron a la cita. Las autoridades no solo acusan a Fujimori, quien no acudió ni presenció la cita vía telemática alegando problemas de salud, sino también a los antiguos ministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga.

Todos ellos están acusados de forzar a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres a someterse procesos de esterilización a través de un plan del Gobierno para reducir la natalidad de las regiones rurales y de las comunidades indígenas del país. Unas 2.073 mujeres han denunciado ante grupos locales e internacionales de defensa de los Derechos Humanos que se les ligaron las trompas sin su conocimiento o consentimiento, y al menos 18 murieron como resultado de la cirugía. En los tribunales hay pendientes aún 1.307 denuncias.

Se confirma así una decisión de la Sala Penal Nacional que resolvió que «carece de efectos jurídicos» la resolución que firmó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski el 24 de diciembre de 2017 concediendo a Fujimori el derecho de gracia junto con el indulto, que también fue anulado por un juez peruano en 2018. Al indultar a Fujimori, Kuczynski aseguró que su salud corría riesgo en prisión por tener, en ese momento, 80 años, y padecer de dolencias crónicas como hipertensión y problemas gastrointestinales, por lo que también buscó cerrar la posibilidad de que se la abra algún nuevo juicio con el derecho de gracia.

Según la Fiscalía, Fujimori sería el autor mediato de la muerte de los seis campesinos, quienes fueron torturados, quemados y acribillados por un grupo clandestino de militares protegidos en aquel momento por el gobierno, y que utilizaba para combatir al grupo terrorista Sendero Luminoso.

La justicia ha estimado que el grupo militar mató a unos 53 civiles durante el gobierno de Fujimori, incluyendo a una de sus agentes a la que descuartizaron y decapitaron por sospechar que filtraba datos a la prensa. También asesinaron a un periodista opositor, a quien obligaron a cavar su tumba, lo torturaron y le dispararon en la cabeza. Después de huir a Japón en 2000, Fujimori regresó a Chile, donde fue detenido y extraditado a Perú en 2007.