Miles de residentes europeos ya son ilegales en Reino Unido

Miles de comunitarios residentes en Reino Unido se despertarán este jueves siendo inmigrantes ilegales. Y muchos de ellos, ni siquiera lo saben. El plazo para regularizar su situación tras el Brexit finalizó ayer. Pero los expertos advierten que cientos de miles se han podido quedar fuera, perdiendo sus derechos, entre ellos, el acceso a la sanidad pública.

Destacan en especial a tres grupos: menores cuyos padres o tutores no hayan realizado los papeles; personas que no están en plenas capacidades mentales; o muchos que, erróneamente, aún siguen pensando que por el hecho de llevar viviendo muchos años en Reino Unido, el Brexit no les afecta. No es así. Todos los comunitarios deben regularizar su situación sin excepción. También los casados con los británicos.

Diversas organizaciones y la oposición laborista pidieron ayer al Gobierno de Boris Johnson que ampliara el plazo para solicitar el llamado estatus de asentado (para los que llevan al menos cinco años en el país) o preasentado (para quienes llegaron antes del 31 de diciembre de 2020). Sin embargo, Downing Street rechazó cualquier tipo de prórroga.

Desde el 30 de marzo de 2019, cuando se puso en marcha el programa, cerca de seis millones de personas han realizado la solicitud, entre ellos, 320.850 de españoles. En teoría, quien no hubiera realizado los trámites ayer, queda ahora en situación ilegal. No obstante, el Gobierno británico asegura que mostrará “flexibilidad”, por lo que se garantizarán 28 día extra para a aquellos que, por motivos “válidos” (que los activistas ven insuficientes), se percaten tarde o sean alertados de que están en situación irregular.

En cualquier caso, los abogados especializados advierten de que hay zonas grises en la normativa que pueden dejar desprotegidas a personas vulnerables, sin recursos o marginadas, como gente mayor, inquilinos de residencias, enfermos, discapacitados, indigentes, personas sin conocimientos del idioma o digitales o menores. Por nacer en Reino Unido no se consigue la nacionalidad británica a menos que los progenitores lleven, como mínimo, cinco años de residencia. Y muchos padres aún desconocen la norma.

Según las autoridades británicas, todavía están pendientes de procesar más de 300.000 solicitudes de comunitarios y, si bien aseguran que sus derechos están garantizados mientras esperan su estatus, muchos temen encontrar trabas para alquilar vivienda, conseguir trabajo o viajar. Alrededor de 130.000 podrían perder también el acceso a las ayudas sociales.

Esto es precisamente lo que sucedió con miles de inmigrantes de la llamada “generación Windrush” llegados al Reino Unido desde las colonias británicas del Caribe en los años 60, en uno de los escándalos migratorios más lamentables de la historia del país.

Luke Piper, abogado de “The3million” -organización que vela por los derechos de los comunitarios residentes- destaca que la máxima preocupación es que no se trata de un sistema de “registro” sino de “solicitud”. “Los derechos deberían quedar protegidos de manera automática, no sujetos a ninguna petición que puede ser aceptada o denegada por un Gobierno. Esto es sumamente importante”, advierte. “Tampoco debería haber una fecha límite para realizar el trámite”, matiza.

En España, por ejemplo, se ha optado por un sistema declarativo. Es decir, los más de 300.000 británicos que se calcula que hay como residentes pueden ir cuando quieran para darse de alta y recoger la llamada “tarjeta de identificación de extranjeros”.

Por otra parte, los comunitarios que no se encontraban en Reino Unido antes del 31 de diciembre de 2020 y quieran ahora ir a vivir o trabajar al país deben hacerlo bajo las pautas de la nueva y estricta Ley de Inmigración. Tras el Brexit, se puede visitar Reino Unido seis meses sin visado para hacer turismo, estudios de corta duración y actividades empresariales como conferencias o ver a conocidos. Pero, para trabajar, se debe solicitar un visado según un sistema por puntos que valora las cualificaciones y otros factores económicos.