Francia

Imputado el ministro de Justicia de Macron por conflicto de intereses

Eric Dupond-Moretti es acusado de perseguir a tres miembros de la Fiscalía Nacional Financiera con los que estaba en conflicto desde sus tiempos de abogado

Eric Dupond-Moretti, el ministro de Justicia francés, acude al Elíseo el pasado 5 de julio
Eric Dupond-Moretti, el ministro de Justicia francés, acude al Elíseo el pasado 5 de julioYOAN VALATAgencia EFE

El ministro francés de Justicia, Eric Dupond-Moretti, fue imputado este viernes por conflicto de intereses y acusado de haber intentado vengarse, aprovechándose de su cargo, de unos jueces a los que había demandado antes de llegar al Gobierno, cuando era un reputado abogado penalista.

La inculpación del ministro, que es una situación inédita en Francia y se daba por hecha desde hace días, fue confirmada a la prensa por sus abogados una vez terminado el interrogatorio de seis horas al que fue sometido ante el Tribunal de Justicia de la República (CJR), el único habilitado para juzgar a miembros del Gobierno por el ejercicio de sus funciones.

“Era la crónica de una inculpación anunciada”, dijo a la prensa el letrado Olivier Cousi, que se quejó de que esa decisión “se había preparado antes del interrogatorio”.

Cuando se le preguntó por la continuidad del ministro en su cargo, Cousi afirmó que no ve ninguna razón en contra para ello.

Aunque desde el punto de vista jurídico no tiene obligación de dimitir, lo cierto es que en Francia existe una “jurisprudencia” política no escrita por la que un ministro que es acusado judicialmente debe dejar el Gobierno.

Esa había sido la posición del presidente francés, Emmanuel Macron, durante la campaña electoral que le llevó al Elíseo en 2017. Sin embargo, fuentes del entorno presidencial han dado a entender en los últimos días que Macron no quiere que dimita Dupond-Moretti porque sería una forma de ceder a las tres asociaciones de magistrados que se querellaron en su contra para apartarlo por sus diferencias en política judicial.

De hecho, el primer ministro, Jean Castex, indicó en un comunicado oficial que ha pedido a Dupond-Moretti que continúe en el puesto para seguir con sus reformas y con el aumento de los medios para la Justicia.

Tanto Cousi como Christophe Ingrain, otro de los abogados del ministro, aseguraron que en su comparecencia ante los jueces del CJR Dupond-Moretti había dado explicaciones “muy claras y muy precisas” en el interrogatorio, pero eso no había impedido que se formalizara la inculpación porque la decisión “estaba tomada de antemano”. Los letrados tienen intención de interponer un procedimiento la semana próxima para solicitar la anulación de la imputación.

El CJR inició el procedimiento sobre la base de la denuncia de tres sindicatos de magistrados y de la organización anticorrupción Anticor.

Reprochan al ministro haberse aprovechado de su cargo -al que accedió el 6 de julio de 2020- para perseguir a tres miembros de la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) con los que estaba en conflicto desde sus tiempos de abogado.

En el centro de este asunto está el procedimiento administrativo que encargó contra esos tres magistrados de la PNF que habían lanzado un procedimiento para tratar de identificar al “topo” que pudo haber informado de las escuchas judiciales a las que estaban sometidos el ex presidente Nicolas Sarkozy y su abogado Thierry Herzog, con quien tiene una estrecha relación.

En junio de 2020, Dupond-Moretti había denunciado a los tres magistrados. Cuando fue nombrado ministro al mes siguiente retiró rápidamente las denuncias, pero puso en marcha la investigación administrativa, aunque él sostiene que lo único que hizo fue dar continuidad a un proceso que de hecho había sido iniciado por su predecesora al frente del departamento, Nicole Belloubet.

En su comunicado, Castex negó que esa intervención esté manchada por un eventual conflicto de intereses teniendo en cuenta que ahora es él, y no el ministro de Justicia, quien tiene la competencia sobre el procedimiento disciplinario contra los tres miembros del PNF.

Además, se esforzó en subrayar que la apertura de una investigación administrativa es “un acto corriente en la gestión de una administración” que lo que pretende es “verificar la existencia de eventuales disfunciones” y por sí misma no tiene efectos jurídicos sobre los interesados.

Sarkozy y Herzog fueron condenados a penas de tres años de cárcel-dos exentos de cumplimiento- en el sumario en el que fueron objeto de las polémicas escuchas, aunque no es una sentencia firme ya que han decidido recurrir.