Con olor a CPI y bajas expectativas, arrancan las negociaciones en México

El documento de la FIscalía de la Corte Penal Internacional que confirma que el régimen de Nicolás Maduro tiene todas las papeletas para ser procesado por la CPI se hace público el mismo día que se preparan las comisiones del chavismo y la oposición para comenzar unas negociaciones en México, auspiciadas por Noruega.

Este jueves ya se encontraban en la capital azteca los enviados opositores: Gerardo Blyde como coordinador, cuatro representantes de los principales partidos políticos de la coalición que encabeza Juan Guaidó, y Stalin González como la voz del sector que lidera el excandidato presidencial Henrique Capriles.

Se verán las caracas con los enviados de Nicolás Maduro: el presidente de su parlamento Jorge Rodríguez, un gobernador regional calificado como el recambio a futuro del oficialismo, Héctor Rodríguez, y hasta el hijo del mandatario, “Nicolasito” Maduro Guerra. La vicepresidenta Delcy Rodríguez pudiera sumarse.

La agenda aún no se ha hecho pública, pero está conformada por siete puntos. Los primeros encuentros, de los que debe salir un memorándum de entendimiento que siente las bases de ese diálogo, durarán todo el fin de semana.

Este miércoles, Henrique Capriles dijo que las negociaciones seguramente se extenderán durante varios meses. También afirmó que llegar a este encuentro ha sido complicado. Es la consecuencia del trabajo de ocho meses que tomó la fase “pendular” de la mediación noruega en Caracas.

Las discusiones se centrarán en la reinstitucionalización y la definición de un cronograma electoral, que incluya presidenciales y parlamentarias. Fuentes opositoras indicaron a LA RAZÓN que no esperan lograr esos escenarios antes de 2024, y que lo importante es “cómo llegamos allí, las condiciones”.

La insistencia de elecciones “libres y justas” ha sido una constante, así como el chavismo ha planteado una y otra vez que no habrá elecciones adelantadas sino cuando tocarían, en 2024 si se toma como válida la elección de Maduro en 2018.

En la mesa de México los opositores plantearán la necesidad del ingreso masivo y diligente de ayuda humanitaria y vacunas contra el covid-19 a Venezuela. También, la construcción de “garantías democráticas”, que incluyen la liberación de los casi 270 presos políticos que hay en las cárceles del país, el regreso de los exiliados y la instauración de una “justicia transicional”.

Maduro, por su parte, ha dicho que quiere el levantamiento total de las sanciones económicas, el reconocimiento a su presidencia y al parlamento y el Tribunal Supremo que él controla, y la “devolución de activos” de Venezuela congelado en el extranjero.

Del lado opositor hay conciencia de la necesidad de mantener la discreción en el proceso, y han rechazado las intenciones de Maduro de que todo ocurra frente a las cámaras. Algunos actores temen, no obstante, que como en oportunidades anteriores el oficialismo “diga cosas de más” que tengan consecuencias, como ya ocurrió en al menos tres veces anteriores.

Por otra parte, varios analistas han mostrado bajas expectativas de resultados positivos, visto el carácter autoritario del chavismo. El politólogo Benigno Alarcón apuntó que “pese a analizarlo desde distintas perspectivas, sigo sin ser optimista sobre la disposición del régimen a una solución política”.