Cuba intensifica la maquinaria represiva ante el 15N

El régimen cubano sigue en máxima alerta ante las protestas convocadas en toda la isla para hoy por el colectivo disidente Grupo Archipiélago. El recuerdo de lo ocurrido el 11 de julio, cuando multitudes de cubanos se echaron espontáneamente a las calles para protestar por sus precarias condiciones de vida y la falta de libertades, pone los pelos de punta a los jerarcas de La Habana, que se apresuraron a activar a sus servicios de seguridad en cuanto recibieron notificación oficial de la convocatoria de las llamadas «marchas por el cambio».

Precisamente ayer, las autoridades cubanas retiraron las acreditaciones a los periodistas de la Agencia Efe en Cuba, en vísperas de la ilegalizada protesta cívica para pedir un cambio político en la isla. Los responsables del Centro de Prensa Internacional convocaron con urgencia al equipo de Efe en La Habana que está actualmente acreditado –tres redactores, un fotógrafo y un cámara de TV– para comunicarles que se les retiraban las credenciales. Horas después, se produjo una cascada de condenas y numerosas asociaciones de prensa criticaron la polémica medida que coarta aún más la libertad de expresión en Cuba. Desde España, el ministerio de Asuntos Exteriores convocó al encargado de negocios cubano para pedir «explicaciones» por retirar la acreditación al personal de la agencia EFE en La Habana. Tras el revuelo, las autoridades castristas restituyeron las credenciales de solo dos de los cinco reporteros vetados por el régimen.

Una de las últimas coberturas de la agencia EFE fue sobre la detención del disidente Guillermo Fariñas este viernes. El opositor cubano había sido el último en recibir la visita de los agentes de la seguridad del Estado, según denunció su madre, Alicia Hernández. Fariñas, habitual visitante de los centros de detención cubanos y embarcado en repetidas huelgas de hambre para reclamar la libertad de su país, fue el último anticastrista en comprobar en carne propia que la dictadura está decidida a cumplir sus amenazas.

La Fiscalía lleva días advirtiendo que quienes participen en las manifestaciones se enfrentarán a acusaciones penales, como ya les sucedió a los manifestantes del 11-J, y el ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, convocó el miércoles a los embajadores acreditados en el país para insistir en que su país no permitirá «acciones subversivas».

Estados Unidos urgió ayer a Cuba a restituir «todas» las acreditaciones de prensa al equipo de la Agencia Efe en La Habana

Rodríguez insistió en la conocida tesis de que las muestras de descontento popular no son sino un plan orquestado desde EE UU. «Cuba jamás permitirá acciones de un gobierno extranjero en nuestro territorio, tratando de desestabilizar el país», afirmó. «El gobierno junto a nuestro pueblo impedirá cualquier ensayo de acciones inconstitucionales dirigidas a un cambio de régimen en Cuba», insistió Rodríguez ante los diplomáticos. Días antes, el presidente Miguel Díaz-Canel lanzó una amenaza poco velada y señaló que quienes salgan a protestar corren el riesgo de enfrentarse a la violencia de los simpatizantes del gobierno. Las crecientes muestras de malestar se han convertido en una piedra en el zapato de Díaz-Canel, sucesor designado por Raúl Castro, que necesita reafirmar su autoridad antes de que el menor de los Castro deje este mundo y se quede sin su tutela. Pero, incapaz de corregir el rumbo de una economía en ruinas, hasta ahora Díaz-Canel solo se ha mostrado hasta ahora eficaz en la persecución de la disidencia.

Quizá por eso, Yunior García, cabeza visible del Grupo Archipiélago, anunció que marcharía en solitario ayer para evitar la violencia contra los manifestantes. «Hemos buscado un diálogo que nos han negado una y otra vez», dijo García en una declaración en su Facebook. «Comprendan que ya es tiempo de un diálogo nacional, real y fraterno entre todos los cubanos, sin excepciones», le dijo al Gobierno, un mensaje que por ahora no ha sido escuchado.

Es más, ayer García –quien para enfado del régimen había sido entrevistado el sábado por la agencia EFE– denunció que la seguridad del Estado impidió su marcha por el centro de La Habana como había prometido. En un directo en sus redes sociales, García dijo asimismo que los agentes de paisano en los alrededores de su domicilio habían echado del lugar a varios periodistas que trataban de cubrir los hechos.

«Mi casa amaneció sitiada, rodeado todo el edificio de agentes de civil», afirmó el activista y dramaturgo, que describió que había grupos de agentes vestidos de civil debajo de su edificio y «carros en todas las esquinas».

El régimen sigue en la línea dura y mantiene encarcelados a las figuras más destacadas del Movimiento San Isidro, el colectivo de artistas que llevó la voz cantante de las protestas hasta que sus integrantes fueron uno a uno sufriendo la prisión o el exilio. El artista Luis Manuel Otero Alcántara o el político José Daniel Ferrer permanecen en cárceles de máxima seguridad.

La Unión Europea solicitó «aclaraciones» a las autoridades cubanas sobre algo que cree que podría significar una «grave vulneración de la libertad de expresión».

En previsión de más persecución y conculcación de derechos, Naciones Unidas y la UE afirmaron que vigilarán lo que suceda en Cuba. El alto representante para Política Exterior de la UE, Josep Borrell, anunció que diplomáticos europeos acreditados en Cuba harán un «seguimiento» de lo que suceda hoy. Por su parte, Clement Voule, relator especial de la ONU para Libertad sindical y de Reunión recordó a las autoridades cubanas «su obligación de proteger y facilitar la expresión a través de protestas pacíficas». «Recuerdo a las autoridades cubanas su obligación de proteger y facilitar la expresión a través de protestas pacíficas. Es una violación de la obligación del estado acosar e intimidar a los organizadores para evitar protestas pacíficas», señaló Voule.

No parece que estos llamamientos hayan tenido hasta ahora ningún efecto en el ánimo de los dirigentes castristas, que se niegan a cualquier diálogo con los sectores de la sociedad civil que abogan por el cambio, a los que acusa de actuar al servicio de Washington. El argumento contó esta semana con el eco de Manu Pineda, eurodiputado español de Unidas Podemos, que visitó La Habana para llamar «lamebotas» y «lacayos» a los promotores de las protestas.

Para Pineda, los últimos intentos de los jóvenes cubanos de cambiar su país no son sino «una campaña de desestabilización mandada desde Miami». Argumentos como este no convencen a los trabajadores cubanos, cada vez más asfixiados por el colapso económico de la isla y la creciente inflación. Los colectivos activistas advierten de que no habrá propaganda que pueda acallar las quejas de una sociedad ahogada por la incompetencia de sus dirigentes y los efectos de la pandemia.