Cuba dinamita la protesta pacífica contra el régimen con más represión

El rumor del descontento popular vuelve a recorrer Cubay, como otras veces, los jerarcas del régimen han optado por la represión antes que por atender las necesidades de la población. El llamado Grupo Archipiélago, un colectivo disidente de artistas e intelectuales, ha convocado marchas de protesta el próximo 15 de noviembre en todo el país. Las autoridades prohibieron las manifestaciones inmediatamente y desencadenaron una ofensiva para amedrentar a los potenciales participantes.

En conversación con LA RAZÓN desde su casa de La Habana, el historiador Leo Loyola, miembro del Grupo Archipiélago, explicó los motivos de la convocatoria: «Queremos que los cubanos vuelvan a tener derechos, especialmente el de reunión, y pedir la liberación de los presos políticos que continúan encarcelados desde las protestas del 11 de julio».

Aunque el gobierno no ha difundido cifras oficiales, los activistas de la oposición estiman que podría haber hasta un millar de personas todavía en prisión por su participación en las protestas de julio, las mayores en décadas en la isla comunista.

Esta vez, el gobierno de Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro ha puesto toda la carne en el asador para prevenir un nuevo «estallido social», como describe Loyola lo ocurrido en julio. Casi inmediatamente después de conocerse la convocatoria de noviembre, comunicada por los canales oficiales, las autoridades negaron el permiso para celebrarla e iniciaron una nueva ola de registros y detenciones en toda la isla.

«Hay gente a la que han interrogado solo por dar me gusta a nuestras página en Facebook», cuenta Loyola. Él mismo ha visto de cerca cómo al estado policial cubano enseña los dientes. «La policía política se presentó en mi casa para intimidar a mis padres; no les importó que estuviera presente mi sobrina menor de edad». Anteriormente, Loyola, que se gana la vida como profesor de Historia, había sido detenido y tuvo que pasar la noche en una celda de máxima seguridad.

Los temidos «boinas negras», los agentes de la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior, volvieron a aporrear las puertas de los sospechosos de sumarse a las marchas cívicas. «Claramente, están intentando intimidar», señala Loyola, que cuenta que a Yúnior García, portavoz del Grupo Archipiélago, el régimen le ha cortado su conexión a internet, en un intento por evitar que su mensaje llegue a los cubanos y al mundo exterior. La presión del régimen ha llevado a Yúnior García a anunciar que caminará solo «en silencio» el día antes llevando una rosa blanca al tiempo que ha pedido a los seguidores «a no hacer nada que ponga en riesgo su integridad física y la de otras personas».

García se ha convertido en los últimos tiempos en motivo de especial preocupación para el régimen de La Habana, hasta el punto de que el gobierno reveló esta semana que en 2019 envió a un agente encubierto a vigilar los movimientos del disidente en España, adonde había acudido invitado por la filial de una universidad estadounidense. Según la confirmación oficial, el doctor Carlos Fernando Vázquez González era en realidad el espía «Fernando» del Departamento de la Seguridad del Estado, el órgano encargado de las labores de inteligencia y contrainteligencia en el país.

En un encuentro en Madrid sobre el papel de las Fuerzas Armadas cubanas en una hipotética transición política que contó con la asistencia del expresidente español Felipe González, el espía Fernando se esforzó por contrarrestar los argumentos de Yúnior García.

Loyola y otros activistas del Grupo Archipiélago han tomado el relevo del Movimiento San Isidro, el otro grupo de artistas y autores que desde noviembre del año pasado han venido planteando distintas acciones reivindicativas en defensa de los derechos civiles y de participación política en Cuba. La mayoría de sus integrantes destacados están en la cárcel o han emprendido el camino del exilio ante el acoso oficial.

El artista Luis Manuel Otero Alcántara o el rapero Maykel Osorbo, que desafiaron reiteradamente a la dictadura siguen encarcelados en prisiones de máxima seguridad, en medio de rumores sobre intentos del régimen por enviarlos al exilio en algún país europeo y quitarse el problema de encima.

Si el Movimiento San Isidro topó con el muro de la cerrazón oficial, la reacción en esta ocasión ha sido idéntica y el presidente Díaz-Canel advirtió incluso de que quienes salgan a protestar se encontrarán con la respuesta de «los revolucionarios», lo que se ha interpretado como una poco velada amenaza de violencia. Los Comités de Defensa de Revolución, grupos de militantes castristas que se ocupan de infundir el miedo y ejercer el control social en los barrios, también han intensificado sus actividades recientemente.

El libreto ha seguido el guion habitual y los medios estatales han insistido en las últimas semanas en desacreditar a los convocantes de las manifestaciones, aireando sus supuestos vínculos con «la mafia anticubana de Miami» y exhibiendo sus rostros como si de delincuentes se tratara sin darles derecho de réplica.

En esta línea, uno de los más activos ha sido Humberto López, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y conductor de un espacio en la televisión estatal. El gobierno es consciente del malestar entre la población y quiere cortar de raíz cualquier posible brote de discrepancia pública en un momento de debilidad política y crisis económica extrema.

Está por ver si la estrategia represiva dará resultado. Loyola admite que «los cubanos tienen mucho miedo» y la represión que siguió al 11 de julio, así como las amenazas de estas semanas, podrían disuadir a muchos de volver a echarse a la calle. Para el disidente, «es necesario que los cubanos recuperen el espacio público», un objetivo en el que el descontento por la miserable situación económica en la que viven podría volver a actuar de combustible.

El modelo comunista se ha caracterizado durante décadas por su ineficiencia económica, pero la crisis provocada por la pandemia, que fulminó los ingresos del turismo, ha obligado al régimen a un paquete de severos recortes que ha agravado la ya de por sí acuciante escasez en la isla. «No hay comida, ni medicinas. Vivimos en un modelo social fallido y la única respuesta del gobierno es que las cosas sigan como están», lamenta Loyola.