La larga pelea por el oro venezolano en Inglaterra

El gobierno interino de Juan Guaidó ha ganado una batalla, pero la guerra por el manejo del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra continúa. Y será una larga que de bate en distintas instancias de la justicia británica.

A pesar de la orden que dio Hugo Chávez hace más de una década de repatriar los lingotes de oro venezolano mantenidos en bancos de países desarrollados como reservas internacionales, algunos lotes nunca llegaron a las bóvedas del Banco Central de Venezuela ubicado en Caracas. Aquella parafernalia propagandística, con camiones blindados y festejos cual carnaval por la “soberanía financiera” anunciada por el fallecido expresidente, no incluyó las 31 toneladas resguardadas en Londres, valoradas en unos 1.600 millones de euros.

Es parte de los activos en el extranjero que el interinato que encabeza Juan Guaidó se propuso “proteger” de las manos de Nicolás Maduro, quien ha dilapidado las reservas internacionales para financiar su régimen y hacer frente a las sanciones internacionales y la caída que vivió el precio del crudo en el mercado internacional.

Cuando Juan Guaidó en 2019 fue reconocido por más de 50 gobiernos del mundo como presidente encargado de Venezuela, interpretando una vacancia de poder constitucional y la “usurpación” del Ejecutivo por parte de Nicolás Maduro, las cuentas venezolanas en esos países pasaron a estar en disputa. El gobierno interino nombró juntas directivas en el Banco Central, en Petróleos de Venezuela, en Monómenos, en Citgo y en otros entes estatales para controlar las operaciones en el exterior.

El oficialismo contraatacó, incluso demandando, como ocurrió en Inglaterra donde su Banco Central reclama la potestad sobre el oro. Los abogados del chavismo argumentan que Reino Unido reconoce efectivamente la presidencia de Maduro porque mantiene relaciones diplomáticas y embajador en Caracas.

En 2020, el régimen recurrió a la justicia británica, que inicialmente falló a favor de Guaidó, antes de que el tribunal de apelaciones anulara la sentencia. A continuación, el bando de Guaidó decidió llevar el caso ante el Tribunal Supremo, que finalmente aceptó en parte el recurso elevado por el líder opositor Guaidó sobre si él debe controlar los lingotes.

Para la máxima instancia judicial británica no está en duda quién ejerce la presidencia del país: Juan Guaidó. Esto, visto que el gobierno de ese país lo reconoce como tal y aplicando una doctrina que unifica tales criterios enter poderes indepedientes. No obstante, esto no hace al oro disponible aún.

El tribunal remitió el caso a la División Comercial del Tribunal Superior para que determine en última instancia a quién se autoriza la entrega del oro, lo cual pasa por analizar las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano al respecto.

En Caracas, el TSJ está controlado por Maduro y los magistrados han considerado inconstitucional todas las acciones de Guaidó, incluyendo el nombramiento de la directiva ad hoc del Banco Central que lo representa para el posible manejo de esos recursos en Inglaterra.

“Cualquier decisión de la Corte Comercial probablemente sea apelada a su vez ante la Corte de Apelación y de nuevo ante la Corte Suprema”, explica el economista Francisco Rodríguez al augurar que el proceso será prolongado.

El BCV nombrado por Maduro ha dicho que quiere usar ese dinero para gastarlo en medicinas y atención social por la pandemia. La vocería oficial insiste en tal propósito. En un comunicado de la Cancillería, el régimen de Maduro denunció que se le impide usar los recursos con un dictamen que “violenta las normas del derecho internacional público, del orden constitucional venezolano y de la legislación británica, al tiempo que representa graves riesgos para las inversiones que la comunidad internacional ha confiado en el sistema financiero del Reino Unido”. Además, irónicamente acusó a la justicia de Londres de estar subordinada al Ejecutivo de ese país.

Del lado de Guaidó se afirma que se quiere proteger tale activos, evitar que sean malgastados o robados por una “cleptocracia” gobernante. Al conocerse la decisión del Supremo británico, su gobierno interino celebró que el oro siga protegido y “la dictadura no podrá saquearlo”.

En un comunicado, Guaidó afirmó que junto a su equipo “asumiremos con dedicación la siguiente fase del juicio para probar la ilegalidad de las decisiones tomadas por el TSJ de Maduro en contra de la junta Ad-Hoc del BCV y lograr su desconocimiento por parte de las cortes del Reino Unido”.

El proceso judicial en Inglaterra le ha costado al país cientos de miles de dólares en representación judicial por parte de ambos bandos en disputa.