¿Por qué hay un estallido de violencia en el sur de chile?

Hace una semana que el presidente de Chile, Gabriel Boric, enfrenta una polémica situación, después de que su Gobierno decretara el estado de excepción en dos regiones del sur chileno donde hay una disputa territorial entre el Estado, empresas forestales y la comunidad mapuche.

La medida, según los expertos, ha provocado un giro en la carrera del joven presidente de 36 años, ya que desde su implantación se han desatado una serie de protestas que han enfrentado a la población con las autoridades.

Con un poco más de dos meses en el poder, el presidente chileno afirmó el pasado jueves que la decisión de decretar el estado de emergencia busca “garantizar la seguridad de los ciudadanos en todo el territorio nacional y garantizar el abastecimiento y el libre tránsito”.

Sin embargo, la controversia se remonta a que, durante su campaña presidencial, Boric había prometido que de llegar al Gobierno, él no renovaría el estado constitucionalde emergencia que había decretado en octubre del año pasado su antecesor, Sebastián Piñera.

En repetidas ocasiones el exlíder estudiantil se mostró convencido de que las fuerzas militares son la solución “para una problemática histórica y de territorio como esta”.

En medio de un reclamo constante de los camioneros y trabajadores forestales para restablecer la seguridad en la zona y sin el respaldo de los ciudadanos a la decisión del Gobierno, el presidente ha recibido acusaciones de diferentes sectores políticos y sociales de haber “traicionado una promesa electoral”.

Quienes han salido a defender a Boric aseguran que el estado de excepción de esta vez no es una continuación de las medidas tomadas por Piñera, aseguran que es completamente diferente y que el enfoque de la nueva medida es con el fin de preservar las vías públicas sin establecer operativos militares alrededor de las viviendas indígenas.

LOS ATAQUES DE LOS MAPUCHES

La ministra del Interior de Chile, Izkia Siches, fue la encargada de difundir el pasado lunes el comunicado sobre la instalación de un estado de excepción de emergencia en las regiones del centro sur, en medio de una onda de acciones directas coordinadas por las organizaciones Resistencia Mapuche Lavkenche (RML), Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) y otras responsables de la autodefensa de diferentes comunidades de esta parte sureña del país.

Durante los días 24, 26 y 29 de abril, comuneros mapuche realizaron prácticas de sabotaje a empresas extractivistas activas en la zona.

Las acciones incluyeron la quema de la sede y de una camioneta del Fundo San Antonio, de las empresas Venturelli, y de tres camiones de la planta de la Forestal Arauco en Lancoche y de retroexcavadoras de la empresa de Jaime Muro Cuadra, uno de los más antiguos madereros de la región, frecuentemente apuntado por líderes mapuche como usurpador de tierras indígenas. Las acciones de abril fueron asumidas por el movimiento Liberación Nacional Mapuche.

De esta manera, al llegar el mes de mayo, las acciones continuaron el día 11, la Organización de Resistencia Territorial Toño Marchant reivindicó la responsabilidad por la quema de cinco camiones en el interior de una planta de procesamiento de pasta de celulosa situada entre las localidades de Quilaco y Mulchen.

Dos días después, la Organización de Resistencia Territorial Lavkenche Leftaru también asumió el sabotaje y quema de 10 máquinas agrícolas en la ciudad de Teodoro Schmidt.

Como respuestas, durante los últimos días, el equipo de Gabriel Boric (Convergencia Social) intentó tramitar una reforma constitucional que permitiese la creación de un estado de excepción “intermediario”, calificado por los oficialistas como una medida supuestamente más blanda, con la finalidad de “protección y resguardo de la población”.

Sin embargo, frente a la imposibilidad de llegar a un consenso entre la base de apoyo del gobierno, la comisión mixta que discutía la reforma constitucional fue cancelada y el Ejecutivo anunció la aplicación del estado de excepción en los términos preexistentes.

SE MANTIENE LA APROBACIÓN DE BORIC

Cadem dio a conocer este domingo una nueva versión de su Encuesta Plaza Pública, correspondiente a la tercera semana de mayo. Se conoció que un 77% de los encuestados está “de acuerdo” con que se haya decretado Estado de Excepción en algunas provincias de la Macrozona Sur.

Un 50% de los ciudadanos encuestados para la última edición de la Encuesta Plaza Pública de Cadem desaprueba la forma en que el presidente, Gabriel Boric, está conduciendo su Gobierno. Se trata del mismo porcentaje de desaprobación que registró el Mandatario en la versión del sondeo dado a conocer la semana pasada.

Donde sí se registró una pequeña variación fue en el porcentaje de personas que aprueban su gestión, pasando de 39% (en la semana anterior) a un 38% en la actual.

Según el diario local, el Mostrador, la ministra del Interior aseguró el último día que la finalidad del estado de emergencia y el retorno de los militares para resguardar el orden en la región de La Araucanía es para el “libre tránsito de las personas, el abastecimiento y la ejecución de las políticas que puedan mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos territorios”.

“Con estas medidas retomaremos la normalidad para las y los (sic) habitantes de la zona”, reiterando el compromiso del gobierno con el “diálogo”.

“Sin un potente respaldo político y jurídico y una autorización expresa para usar sus armas letales cuando no exista otro medio racional de cumplir la consigna recibida, y sin contar con disposiciones legales que los ampare si actúan con el rigor propio de su profesión, los militares no tendrán capacidad disuasiva ni represiva alguna y, por consiguiente, no podrán dar seguridad a quienes están amenazados y son víctimas de la violencia guerrillera y terrorista”, sentenció.