Qué es y cómo funciona el Tribunal de Estrasburgo que ha bloqueado la deportación de inmigrantes a Ruanda

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), también conocido como Tribunal de Estrasburgo y Corte Europea de Derechos Humanos, es la máxima autoridad judicial para la garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales en toda Europa. Es la única jurisdicción internacional a la que pueden acceder los particulares en igualdad de condiciones que los estados. Su éxito es tal que cada año recibe 50.000 nuevas demandas. El TEDH defiende los derechos de los 800 millones de personas que viven en la región del Consejo de Europa.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, aplica el Convenio Europeo de Derechos Humanos, aprobado en 1950 y en vigor desde 1953. Actualmente está formado por 47 estados y es independiente de la Unión Europea. En las últimas horas, el primer ministro británico Boris Johnson ha sugerido la posibilidad de que su Gobierno retire al Reino Unido de la Convención Europea de Derechos Humanos tras bloquearse la deportación de inmigrantes y refugiados desde Reino Unido a Ruanda.

El TEDH no tiene nada que ver con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dedicado a resolver cuestiones relativas al derecho comunitario y con sede en Luxemburgo. Tampoco con el Tribunal Internacional de Justicia, el órgano judicial de Naciones Unidas que tiene su sede en La Haya. Estas son algunas de las claves del funcionamiento del TEDH a partir de un documento del Consejo de Europa.

¿Quién puede presentar una demanda?

El Convenio distingue dos tipos de demandas: las demandas individuales, presentadas por un individuo, un grupo de individuos o una organización no gubernamental que estima que sus derechos han sido violados. Es el caso de los inmigrantes que iban a ser trasladados a Ruanda desde Reino Unido. El TEDH ha intervenido en respuesta a un recurso de uno de los seis refugiados que iban a partir en el primer vuelo rumbo a Kigali. También puede haber demandas interestatales, interpuestas por un Estado contra otro Estado. Desde su creación la casi totalidad de las demandas presentadas ante el Tribunal lo han sido por particulares alegando la violación de uno o más derechos del Convenio.

¿Contra quién puede presentarse las demandas?

Las demandas deben necesariamente presentarse contra uno o más Estados que hayan ratificado el Convenio. Por tanto, cualquier demanda interpuesta contra un tercer Estado o contra un particular será declarada inadmisible. El Tribunal no puede decidir de oficio. Es competente para decidir sobre alegaciones de violación del Convenio Europeo de los Derechos Humanos a partir de demandas individuales o interestatales.

¿Cómo se presenta una demanda ante el Tribunal?

Las demandas pueden presentarse directamente por un particular, sin que la representación mediante abogado sea necesaria al inicio del procedimiento. El procedimiento ante el Tribunal es gratuito. Para presentar una demanda basta con remitir al Tribunal el formulario de demanda debidamente cumplimentado y acompañado de los documentos requeridos. El hecho de que el Tribunal registre una demanda no prejuzga en absoluto que ésta vaya a ser admitida o estimada. El sistema del Convenio prevé un sistema de “fácil” acceso al Tribunal a fin de que todo individuo pueda presentar una demanda con independencia de si se encuentra en una región retirada de un país miembro o carece de medios económicos.

¿Puede el Tribunal ordenar la adopción de medidas provisionales?

Cuando se presenta una demanda ante el Tribunal, éste puede exigir de un Estado la adopción de ciertas medidas mientras continua con el examen del asunto. Generalmente el Tribunal solicita al Estado que se abstenga de hacer algo como, por ejemplo, devolver a una persona a un país en donde dice estar expuesta a un riesgo para su vida o a sufrir torturas. Es el caso del gobierno de Reino Unido y su intención de deportar a refugiados a Ruanda.

¿Cuál es la diferencia entre una decisión y una sentencia?

Las decisiones son generalmente dictadas por un juez, un comité o una Sala del Tribunal. Éstas atañen solo sobre la admisibilidad de la demanda y no sobre el fondo. Por regla general, las salas llevan a cabo un examen simultáneo de la admisibilidad y el fondo de las demandas para dictar sentencias.

¿Es una sentencia obligatoria para el Estado condenado?

Las sentencias de violación son obligatorias para el Estado condenado que debe, por tanto, ejecutarlas. El Comité de Ministros del Consejo de Europa supervisa el cumplimiento de las sentencias.

¿Quién forma parte del Tribunal?

El Tribunal lo compone el mismo número de jueces que Estados que han firmado el Convenio. En total, 47. Los jueces son elegidos por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa a partir de una lista de tres nombres propuesta por cada Estado. Son elegidos por un mandato no renovable de nueve años.

¿Qué derechos garantiza el Convenio Europeo de Derechos Humanos?

El Convenio garantiza, entre otros, el derecho a la vida, el derecho a un proceso equitativo, el derecho al respeto a la vida privada y familiar, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, el derecho al respeto a la propiedad. Prohíbe, sobre todo, la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes, la esclavitud y el trabajo forzado, la detención arbitraria e ilegal y las discriminaciones en el disfrute de los derechos y libertades reconocidos en el Convenio.

¿Cómo se ejecutan las sentencias del Tribunal?

Cuando se pronuncia una sentencia de violación del Convenio, el Tribunal trasmite el expediente al Comité de Ministros del Consejo de Europa que establece con el país condenado y con el servicio de ejecución de sentencias la manera de ejecutar dicha sentencia y de prevenir cualquier otra posible vulneración idéntica del Convenio. Esto se traduce en la adopción de medidas generales, que suelen consistir en reformas legislativas y, si es el caso, en medidas individuales.

¿Trata el Tribunal asuntos de relevancia social?

El Tribunal se ha visto compelido a decidir sobre asuntos no previsibles en el momento de la firma del Convenio en 1950. Durante los últimos cincuenta años el Tribunal se ha pronunciado sobre numerosos asuntos con relevancia social: cuestiones relativas al aborto, el suicidio asistido, las exploraciones corporales, la esclavitud doméstica, el derecho de las personas a conocer sus orígenes a pesar del derecho al anonimato de las madres biológicas, la adopción por homosexuales, el derecho a llevar el velo islámico en los centros de enseñanza, la protección de las fuentes periodísticas de información, la discriminación contra la comunidad gitana