Johnson activa la expulsión de inmigrantes a África

Poco queda del popular Boris Johnson que ganó el referéndum del Brexit y una aplastante mayoría absoluta en las generales de 2019. Su liderazgo entre sus propias filas está más que cuestionado y pocos creen que vaya a sobrevivir en Downing Street para finales de año. Pero él se niega a tirar la toalla y en el último intento por recuperar la confianza entre el núcleo duro del partido -el mismo que en su día le alzó al poder- se aferra ahora a la inmigración, consciente de que fue la piedra angular de la campaña euroescéptica.

En este sentido, el premier aseguró ayer que no se dejará “intimidar ni avergonzar” y seguirá adelante con su controvertido plan de enviar a Ruanda a los migrantes que lleguen al Reino Unido por rutas ilegales.

“Vamos a cumplir nuestro objetivo, que es asegurarnos de que hacemos una distinción clara -que creo que todos pueden apreciar que es justa y razonable- entre la inmigración legal a este país por rutas seguras y legales, que apoyamos, defendemos y protegemos porque todos comprendemos los beneficios que trae, y la migración peligrosa e ilegal a través del Canal de la Mancha, que pretendemos detener”, declaró durante una reunión con su gabinete de ministros que fue parcialmente televisada.

La intervención tenía lugar en plena polémica por el avión que ayer debía trasladar hasta el país africano -situado a 7.000 km de Londres y con un preocupante balance en materia de derechos humanos- a los primeros expulsados afectados por una de las políticas de la era post Brexit que ha creado más controversia. Hasta el último momento, reinó el secretismo. En un principio, debían salir 130 inmigrantes. Pero, al cierre de esta edición, todo apuntaba a que el número se había reducido a ocho ante los desafíos que plantea cada caso. Las ONGs `Care4Calais´ y `Detention Action´ han denunciado en los tribunales, con el apoyo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), lo que califican de “política ilegal”.

La Autoridad de Aviación Civil británica señala que el avión Boeing 767 de la aerolínea española despegará a las 21:30 desde el aeropuerto de Stansted, al norte de Londres, y aterrizará a las 6:20 del día siguiente en Kigali, capital de Ruanda.

Según los medios británicos, el coste son 580.000 euros aproximadamente. En cualquier caso, la ministra de Exteriores, Liz Truss, aseguraba que cada céntimo estaba “más que justificado” porque “lo verdaderamente importante es que vamos a establecer las pautas para romper el modelo con el que operan las terribles redes de tráfico de personas”. En lo que va de año, más de 10.000 han llegado ilegalmente al Reino Unido cruzando en precarias embarcaciones el Canal de la Mancha, una de las rutas marítimas más transitadas del mundo.

La medida ha generado todo tipo de críticas que van más allá de la oposición laborista. Los principales representantes de la Iglesia de Inglaterra, 23 obispos que ocupan un escaño en la Cámara de los Lores, enviaban ayer una carta al diario The Times en la que denunciaban una práctica “que debería avergonzarnos como nación”. “Deportaciones, o devoluciones forzosas de los solicitantes de asilo a sus países de origen, no son el modo de afrontar esta situación. Es una política inmoral que avergüenza al Reino Unido”, rezaba el texto.

El príncipe Carlos, heredero al trono británico, según informó The Times el pasado sábado, calificó también en privado el plan de Johnson de “espantoso”. Al cierre de esta edición, el Palacio de Buckingham no se había pronunciado al respecto.

En cualquier caso, la justicia británica se ha puesto, de momento, del lado del Ejecutivo. El pasado viernes, el Alto Tribunal de Inglaterra rechazó la petición de organizaciones humanitarias para cancelar el vuelo. La decisión fue ratificada el lunes por el tribunal de apelación. Pero no será hasta finales de año hasta que el Tribunal Supremo evalúe la legalidad final de la política.

El Ejecutivo británico defiende que enviar a inmigrantes a terceros países para su procesamiento es compatible con la Convención Europea de Derechos Humanos, a la que sigue perteneciendo independientemente del Brexit. No obstante, los expertos advierten que, pese a que no existe ninguna ley que prohíba explícitamente que las personas sean trasladadas a un país tercero, requiere de “revisión judicial al respecto”.

Downing Street negoció este polémico plan hace unos meses con Ruanda, que ya tiene listo un hotel para alojar a unos 100 migrantes. Sus autoridades deben recibir en un primer momento 144 millones de euros para acogerlos y “darles una vía legal para la residencia” a fin de que puedan “establecerse de forma permanente, si así lo desean”, según el canciller del país africano, Vincent Biruta.

El de Reino Unido no es un caso aislado. Australia se convirtió en uno de los primeros países en utilizar centros de detención en alta mar en 2001 cuando anunció que los refugiados serían enviados a centros en Papúa Nueva Guinea y la República de Nauru. En la actualidad, Dinamarca también está negociando con Ruanda el posible envío de inmigrantes que lleguen por rutas ilegales.

Bajo las nuevas normas impuestas por Downing Street, los refugiados que lleguen a suelo británico por vías legales obtendrán un permiso para quedarse a vivir de manera indefinida. Sin embargo, aquellos que lo hagan por rutas ilegales, aunque logren conseguir asilo, no tendrán los mismos derechos. En su lugar, se les otorgará un estatus de protección temporal, que se revisará cada 30 meses. No tendrán acceso a ayudas sociales ni tampoco derecho a traer a su familia, aunque se les permitirá trabajar.

Asimismo, se reforzará el derecho a apelar y verificar la edad de los menores para “evitar que las personas sin escrúpulos abusen del sistema haciéndose pasar por niños, introduciendo valoraciones de la edad más duras y más precisas”.