Pedro Castillo se enfrenta a 20 años de prisión por los delitos de rebelión y conspiración

Quienes esperan que en Perú haya elecciones presidenciales adelantadas para nombrar a un jefe del Ejecutivo definitivo después de la caída de Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte, seguirán esperando. La nueva presidenta, que asumió el poder después de que su antecesor fuese destituido por el Congreso de la República, en su tercer intento, tras un autogolpe fallido, calificó como “respetable” el deseo de unos nuevos comicios pero que aún analiza qué caminos tomar para estabilizar el país. ”Algunas voces indican el adelanto de elecciones y eso democráticamente es respetable. La asunción de la presidencia en esta oportunidad es reorientar lo que hay que hacer con el país”, dijo a los medios de comunicaciones en los exteriores de Palacio de Gobierno ubicado en la capitalina Lima. Boluarte primero debe constituir gobierno, luego de llegar a la primera magistratura por la fuerza de las circunstancias y luego de haber denunciado como golpe de Estado la disolución del Congreso que ordenó Castillo. “Sobre el presidente o presidenta del Consejo de Ministros todavía no tenemos nombre”, puntualizó este jueves al ser consultada sobre quién ocupará el cargo más importante del Ejecutivo que reposa ahora sobre ella. Boluarte juró en el cargo de presidenta hasta 2026, y en su toma de posesión no mencionó adelanto electoral. Lo que sí dijo es que su gabinete incluirá a integrantes de los partidos opositores, y que se ocuparía de limpiar de corrupción al poder ejecutivo que encabezaba quien hasta horas atrás era su jefe político, y del cual ella era vicepresidenta. Para ello ha contado con el respaldo de la oposición, el parlamento y con las fuerzas militares, que ya le habían dado la espalda a Pedro Castillo. Sus objetivos, dijo, son actuar para superar la inestabilidad política de su país, “que no es de ahora”, y mantener relaciones con los países de la región. Varias de las naciones latinoamericanas han comenzado a reconocerla como jefe del Gobierno peruano, mientras México, cuyo presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la caída de Pedro Castillo y afirmó que su decisión de dar un autogolpe estuvo forzada por las elites que querían derrocarlo, lo ha tomado con más calma. El mandatario azteca tiene pendiente un viaje a Perú para entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. “Iba a ser este 14 de diciembre. Nos estamos reuniendo con la vicecanciller. Esperemos que el presidente, como había ofrecido venir al Perú, se pueda cumplir; o si no, lo haremos vía zoom”, expresó. La presidenta, la primera mujer en ese cargo en la nación andina, deberá enfrentar no solo las adversidades políticas sino también las de gestión pues Perú sufre una sequía histórica que ha afectado grandemente la producción agrícola, mientras la gripe aviar ha matado a más de 18.000 aves silvestres en el Pacífico y amenaza con expandirse a granjas de crianza de pollos y pavos. Además, el Perú atraviesa su quinta ola de covid-19.

Había un plan de fuga

Entretanto, Pedro Castillo enfrenta la justicia. Detenido en una sede policial, ha sido acusado formalmente por la Fiscalía de Perú por los delitos de rebelión y conspiración al intentar disolver el Congreso de la República. Su defensa, que la encabeza quien fuera su primer ministro Aníbal Torres, ha rechazado los señalamientos pues el delito de rebelión se consuma cuando alguien “se alza en armas para variar la forma de gobierno”, cosa que no ocurrió. Pero la Fiscalía afirma que Castillo, al anunciar la disolución del Congreso, no tenía fundamento jurídico por lo que vulneró el orden constitucional, y además convocó a las Fuerzas Armadas a acompañarlo. Parte de lo discutido durante la primera audiencia judicial del ahora expresidente fue el peligro de fuga, pues se afirma que se dirigía la embajada de México para solicitar asilo y la salida del país cuando fue detenido la tarde del miércoles. El canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo a una radio de su país que tal petición no ocurrió, pero que la atenderían si llegase a ocurrir. Pero este jueves se ha conocido que López Obrador sí se había comunicado con Castillo y había instruido a su embajador en Lima, Pablo Monroy, abrirle las puertas al exmandatario. El diplomático acudió hoy a la sede policial donde Castillo está detenido para indagar sobre su estado. El juez que atiende la causa ha decretado siete días de prisión provisional y deberá decidir si el expresidente será mantenido bajo custodia o podrá enfrentar juicio en libertad por los cargos que se le imputaron. La Fiscalía lo interrogó la tarde de este jueves como parte de las indagatorias del caso de un delito que conlleva condena a 20 años en prisión, aunque varios especialistas en derecho penal han cuestionado que la acusación de rebelión pueda mantenerse, pues no hubo alzamiento armado.

Pedro Castillo se ha convertido en el tercer exmandatario peruano en ocupar un penal en Ate, una localidad limeña. Allí también continúa Alberto Fujimori y antes estuvo Ollanta Humala. Allí pudiera enfrentar el juicio penal, pero también uno político que desarrolle el parlamento para determinar una inhabilitación de la función pública. Es el más reciente rostro de la inestabilidad política peruana, que desde 1992 ha visto a siete presidentes acusados de corrupción, y al menos tres disoluciones o intentos de disolución del Congreso. Es, además, el tercer mandatario en fila que no termina su mandato constitucional, pues Pedro Pablo Kuczynski renunció en 2018 antes de enfrentar una segunda moción de vacancia y Martín Vizcarra fue sacado del cargo por los diputados en 2020.