Parlamento Europeo

Austria aprueba una ley que permite establecer «estado de emergencia» por la inmigración

La reforma limita la concesión de asilo a tres años. Se convierte en una de las más restrictivas de Europa en materia de inmigración

Varios refugiados caminan hacia Austria desde Hegyeshalom, Hungría
Varios refugiados caminan hacia Austria desde Hegyeshalom, Hungríalarazon

El Parlamento de Austria aprobó una controvertida ley que permite declarar un «estado de emergencia» por la inmigración y restringir el derecho de asilo, una reforma que coincide con el reciente triunfo de los ultranacionalistas en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

El Parlamento de Austria aprobó hoy una controvertida ley que permite declarar un "estado de emergencia"por la inmigración y restringir el derecho de asilo, una reforma que coincide con el reciente triunfo de los ultranacionalistas en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

La reforma contó con el apoyo de los dos partidos del Gobierno el Popular y el Socialdemócrata, aunque cuatro diputados de esta formación votaron en contra.

También respaldó la enmienda legal el populista y conservador Team Stronach, y en contra votaron Los Verdes, el liberal NEOS y el ultranacionalista FPÖ, que considera que la reforma no es suficiente y quiere medidas aún más restrictivas.

La enmienda legal se ha negociado durante meses, a pesar de la oposición de las ONG, parte de la oposición e incluso de algunos diputados del gubernamental partido socialdemócrata, y es una de las más restrictivas de Europa.

Esta reforma permitirá al Gobierno austríaco declarar el "estado de emergencia"por un periodo de seis meses, prorrogable en tres ocasiones, y bloquear la entrada de refugiados en la frontera y las solicitudes de asilo si provienen de países vecinos, como Italia o Eslovenia, en los que no hay situaciones de violencia o persecución.

Además, la nueva normativa limita la concesión de asilo a tres años, tras los que se revisará la situación del demandante de protección, por si la situación que le llevó a huir ha variado.

Si el conflicto que le ha llevado a huir ha concluido, se le retira el asilo.

También se restringe la reagrupación familiar y los beneficios sociales que conlleva, se agilizan las deportaciones y se da más poder a la Policía.

Austria, un país de 8,5 millones de habitantes, acogió el año pasado a 90.000 refugiados y este año el Gobierno de coalición de socialdemócratas y conservadores se ha comprometido a aceptar a un máximo de 37.500.

Según datos del Gobierno, Austria ha sido el segundo país de Europa que más refugiados per capita ha acogido, sólo superado por Suecia.

"No podemos acoger a todos los necesitados del mundo", dijo el nuevo ministro del Interior, Wolfgang Sobotka, quien criticó que el Gobierno tuvo que aprobar esta normativa porque otros países europeos no hacen suficientes controles migratorios.

La líder de la formación ecopacifista Los Verdes, Eva Glawischnig, criticó que esta normativa supone "la supresión del derecho de asilo", una opinión que también comparte la Iglesia Católica, que la califica de "inaceptable".

Austria siguió, con Alemania, una política de puertas abierta a los refugiados el pasado otoño, pero a partir de principios de este año endureció su posición hasta el punto de forzar el cierre de la ruta de los Balcanes con la imposición de cuotas de entrada de refugiados.

El endurecimiento de las políticas de inmigración, como reacción al ascenso del partido ultraderechista FPÖ, no ha impedido que el candidato de esta formación a la presidencia del Estado, Norbert Hofer, arrasara el pasado domingo en la primera vuelta de las elecciones, logrando el 35 % de los votos.

Hofer parte como el favorito para ser elegido nuevo presidente del país en la votación definitiva del 22 de mayo.

El Gobierno austríaco ha anunciado que a finales de mayo introducirá controles fronterizos, e incluso planea elevar una valla de 400 metros, en el transito paso alpino de Brennero, lo que ha causado roces diplomáticos con Italia y críticas de la Comisión Europea (CE).

Efe