Carrie Lam anula la ley de extradición pero no logra frenar las protestas

Es la primera de las cinco demandas de los manifestantes

Han tenido que pasar 88 días, detener a 1.183 personas, lanzar 2.313 botes de gases lacrimógenos y disparar 468 balas de goma para que se cumpla la primera demanda de los hongkoneses, que llevan en pie de guerra todo el verano. Ayer, la jefa del Ejecutivo de la ciudad, Carrie Lam, anunció la retirada definitiva del proyecto de ley de extradición, detonante de la mayor crisis política que atraviesa la ex colonia británica desde que volvió bajo soberanía china en 1997 y de la gran división social que a día de hoy se respira en sus calles. Pero más allá de calmar los ánimos de los descontentos, el gesto de Lam podría darles argumentos para justificar que las protestas y la violencia utilizadas en las protestas funcionan.

«Que Carrie Lam haya hecho esta concesión hoy muestra que la estrategia de cooperación entre radicales y moderados, que busca la atención internacional y ejerce presión local sobre el gobierno, ha funcionado», aseguraba ayer un manifestante enmascarado que hizo de portavoz junto a un grupo de unas 60 personas en una rueda de prensa improvisada a las puertas del Parlamento tras conocerse la noticia. Para ellos, la retirada debería haberse producido cuando la sociedad se echó a la calle en junio y no ahora. Tras aquellas manifestaciones, la líder hongkonesa dio por suspendida la ley, algo que no fue suficiente y, a día de hoy, sus demandas incluyen una investigación independiente sobre los abusos cometidos por la Policía; la puesta en libertad de los detenidos; la reapertura de un proceso de reformas democráticas; y la retirada de la calificación de disturbios a las protestas. «Solo cuando se cumplan nuestras cinco demandas podremos detener nuestra lucha», añadieron.

Sin embargo, la intervención de la mandataria, que fue grabada con anterioridad y emitida por televisión, fue tajante. El gobierno no aceptará ninguna de las otras cuatro demandas, aunque propuso otras medidas para allanar el terreno. En el caso de los supuestos abusos policiales, la jefa de gobierno anunció que en lugar de ser un organismo independiente, será un organismo interno el que examine la actuación de los cuerpos de seguridad. A este Consejo Independiente de Quejas sobre la Policía, que estará ayudado por un «panel de expertos internacionales», se añadirán dos nuevos miembros, según explicó.

Asimismo, Lam insistió en que no renunciará a presentar cargos contra los arrestados, ni iniciará el proceso de reformas democráticas exigido, que requiere de un entendimiento entre el gobierno y la sociedad que en la actualidad es inexistente. «Después de dos meses de tensiones sociales, es evidente que el descontento va mucho más allá del proyecto de ley. Cubre cuestiones políticas, económicas y sociales», indicó.

Por eso, afirmó que se llevarían a cabo estudios que examinen el malestar y la división social con el fin de proponer soluciones, al tiempo que el ejecutivo se reúne con los diferentes sectores de la sociedad para escucharles. Eso sí, de su dimisión, ni mención. «Nuestra principal prioridad ahora mismo es poner fin a la violencia, proteger el Estado de derecho y restablecer el orden y la seguridad de la sociedad», aseguró Lam con la mirada fija a cámara. Habrá que ver si realmente la medida frena las protestas o, por el contrario, les da fuerzas para seguir insistiendo en sus demandas. De entrada, hay convocadas protestas par el próximo fin de semana.

Aunque la Bolsa de la ciudad subió un 4% con la noticia, son pocos los que lo consideran suficiente como para parar un movimiento de tal magnitud. Para otro de los asistentes a la rueda de prensa, «la retirada no puede compensar nuestra sangre y lágrimas de los últimos tres meses». «Esto es como poner una tirita en la carne podrida», añadieron.